En Italia, se ha aprobado una ley que sanciona a quienes viajen al extranjero para recurrir a la gestación subrogada, con penas de hasta dos años de cárcel y multas que podrían alcanzar un millón de euros. Esta medida, impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, extiende la prohibición de esta práctica dentro del país y tiene como objetivo frenar el llamado «turismo reproductivo». La legislación ha sido aprobada con 84 votos a favor y 58 en contra en el Senado italiano, pese a las críticas de diversos sectores que consideran que perjudica principalmente a las parejas del mismo sexo.
En este sentido, Meloni, primera ministra de Italia y líder del partido conservador Hermanos de Italia, ha promovido una agenda que defiende los valores tradicionales de la familia, oponiéndose a la gestación subrogada, especialmente para las parejas LGBTQ. Durante su mandato, ha hecho énfasis en que los niños deben ser criados por un hombre y una mujer, y ha expresado su rechazo a la gestación subrogada, considerándola una práctica «inhumana» que cosifica a los niños. La nueva ley es vista por sus críticos como una medida que limita aún más los derechos de las familias LGBTQ, quienes ya enfrentan restricciones para adoptar o acceder a la fertilización in vitro en el país.
Los detractores de la ley señalan que, aunque la mayoría de las parejas que recurren a la gestación subrogada en Italia son heterosexuales, lo hacen de manera discreta. En cambio, las parejas homosexuales, al no poder ocultar el origen de sus hijos al regresar a Italia, se ven directamente afectadas por la nueva legislación. Por tanto, activistas, como Franco Grillini, han calificado la ley como «monstruosa» y denuncian que Italia es el único país con una prohibición tan estricta que criminaliza la búsqueda de gestación subrogada fuera de sus fronteras.
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En un contexto de descenso demográfico histórico en Italia, esta nueva ley ha generado protestas y controversias. Los críticos advierten que la medida dificulta la posibilidad de ser padres en un país que necesita incentivar la natalidad, mientras que el gobierno sostiene que protege la dignidad de las mujeres y defiende una visión conservadora de la familia tradicional.