Tres compañías tabacaleras presentaron una propuesta de resolución judicial por un monto total de 32.500 millones de dólares, con el fin de poner término a diversas demandas interpuestas en Canadá. La propuesta está sujeta a nuevas negociaciones y requiere la aprobación del Tribunal Superior de Justicia de Ontario. El mediador designado por dicho tribunal, encargado de coordinar las demandas relacionadas con la industria del tabaco y facilitar las negociaciones, presentó el acuerdo de conciliación en cuestión.
De acuerdo con los términos de la propuesta, 24.800 millones de dólares se destinarían a las provincias y territorios, mientras que 2.500 millones se asignarían a otros ciudadanos canadienses. Además, se contempla la creación de una fundación a la que se asignarían 1.000 millones de dólares, orientada a beneficiar a personas que no recibirían pagos directos como parte del acuerdo.
Las demandas presentadas contra las compañías tabacaleras se fundamentan en alegaciones de que dichas empresas no advirtieron adecuadamente a los consumidores sobre los riesgos asociados al uso de productos de tabaco. Entre los principales antecedentes de estos litigios se encuentra la demanda colectiva Blais-Letourneau, presentada en 1998 en Quebec, que reclamaba 20.000 millones de dólares en concepto de daños para residentes afectados por enfermedades como cáncer de garganta y enfisema, presuntamente vinculadas al consumo de tabaco.
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En 2019, el Tribunal de Apelaciones de Quebec dictó una sentencia que ordenó a las compañías demandadas pagar 6.800 millones de dólares en daños por comportamientos ilícitos a lo largo de décadas. Posteriormente, las empresas obtuvieron protección judicial bajo la Ley de Acuerdos de Acreedores de Empresas (CCAA por sus siglas en inglés), lo que permitió la suspensión temporal de las demandas en curso y facilitó las negociaciones para un acuerdo global con todas las partes reclamantes.
Las compañías señaladas en estos procesos legales incluyen a las filiales canadienses de British American Tobacco, Philip Morris International y Japan Tobacco International, conocidas en Canadá como Imperial Tobacco Canada Ltd., Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) y JTI-Macdonald Corp., respectivamente. Dichas empresas controlan la mayor parte del mercado canadiense del tabaco, concentrando un porcentaje significativo de las ventas legales de productos tabacaleros en el país.
El marco normativo aplicable a estas demandas se estableció a partir de la Ley de Recuperación de Daños y Costos de Atención Médica por Tabaco, promulgada por la provincia de Columbia Británica en el año 2000. Dicha legislación permite a las provincias reclamar a las compañías tabacaleras los costos de atención médica relacionados con enfermedades causadas por el consumo de tabaco. La constitucionalidad de esta legislación fue confirmada por la Corte Suprema de Canadá en 2005, lo que permitió que otras provincias adoptaran medidas legales similares para reclamar indemnizaciones.
En el contexto de las acciones legales vinculadas a la industria tabacalera, en 2018, la provincia de Columbia Británica también promulgó una ley para recuperar los costos de atención médica asociados al abuso de opiáceos. La constitucionalidad de ciertos aspectos de esta normativa se encuentra actualmente en discusión ante la Corte Suprema de Canadá.