La Comisión de Gobierno Interior inició el debate del proyecto que establece la obligación de acreditar el origen lícito del dinero destinado al pago de la caución económica sustitutiva de la prisión preventiva (fianzas). Además, aborda el tema de los honorarios de la defensa del imputado en estos casos.
La iniciativa considera inaceptable que el financiamiento obtenido a partir de actividades ilícitas sirva, eventualmente, para sustituir la medida cautelar más gravosa en perjuicio del interés de toda la sociedad.
Sobre todo, explica la moción, tratándose de delitos de tráfico de drogas o hechos vinculados al crimen organizado. Esto, dada la procedencia ilegal de los bienes de quienes han sido formalizados por dichos actos.
Al respecto, se estima que el régimen aplicable en esta materia requiere mayores requisitos para garantizar la legalidad de los recursos involucrados. Así, se plantea que el ordenamiento penal, necesariamente, debe reaccionar con herramientas efectivas. De este modo, se espera asegurar la procedencia legal del dinero destinado a la caución económica y los honorarios de abogados.
Fundamentos
En la sesión estuvo presente el diputado Juan Fuenzalida, autor de la moción. El parlamentario explicó los fundamentos de la iniciativa y entregó dos ejemplos de este tipo de hechos, los que ocurrieron en Los Vilos y Ovalle.
Detalló que, “si bien tenemos un sistema de revisión de eventuales operaciones sospechosas (regulado por la Unidad de Análisis Financiero, UAF), se da la paradoja que no es así en nuestros juzgados”.
Recordó que, el lunes 2 de junio de este año, el Juzgado de Garantía de Los Vilos acogió una solicitud de cambio de medida cautelar de prisión preventiva por una fianza, respecto de cinco imputados “pertenecientes, por lo que vimos en los medios de comunicación, al Tren de Aragua”.
Argumentó que se les cambió la medida cautelar previo pago una fianza de 5 millones de pesos cada uno. “Hasta el momento, son dos los que se han entregado nuevamente a la justicia, porque hay que señalar que, el día 5 de junio, la Corte de Apelaciones de La Serena revocó la medida”, especificó.
En el derecho comparado, detalló, podemos ver lo que ocurre en Colombia. Explicó que a propósito de los cárteles de droga son muy exigentes respecto del origen lícito de los dineros.
Por otro lado, se refirió a los abogados de personas que están siendo investigadas por la Ley 20.000. Señaló que estos profesionales deben acreditar el origen lícito de sus honorarios. Explicó que “hemos visto en las redes sociales abogados que se jactan subiendo vídeos donde aparecen con fajos de billetes. Creo que también corresponde que se tenga que saber el origen”, sentenció.
Vea texto de la moción Boletín N°17111 y siga su tramitación aquí.