El fiscal de distrito de Filadelfia presentó una demanda civil en contra de Elon Musk y su Comité de Acción Política (PAC) América, alegando que la iniciativa lanzada por dicha entidad —de ofrecer un premio monetario a votantes registrados en Pensilvania que firmen una petición— constituye una lotería ilegal bajo la legislación estatal. Según el escrito de demanda, esta petición vulneraría la Ley de Loterías de Pensilvania, al organizarse como una sin la debida autorización legal.
En la demanda se sostiene que el ofrecimiento de un premio de un millón de dólares al azar entre los firmantes de la petición no solo sería una actividad ilícita, sino que representa una «molestia común» al afectar potencialmente la operación de la lotería estatal de Pensilvania y alentar, sin autorización, actitudes de juego en los residentes. Asimismo, el fiscal argumenta que la iniciativa podría interferir en el derecho al voto de los residentes y comprometer la integridad del proceso electoral. Como medida cautelar, solicita al tribunal que emita una orden para restringir la ejecución de dicha iniciativa.
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La demanda aclara que esta acción civil no limita ni excluye la posibilidad de emprender acciones en el ámbito penal conforme a la legislación vigente en Pensilvania. Actualmente, el caso se encuentra en una fase inicial de litigio, y el persecutor ha manifestado su intención de proseguir con el proceso judicial para abordar los posibles impactos de esta iniciativa.
La petición promovida por el PAC de Musk invita a los ciudadanos a firmar en apoyo de la Primera y Segunda Enmiendas constitucionales, con la promesa de seleccionar diariamente a un firmante que recibirá un millón de dólares hasta la jornada electoral. Este programa se dirige específicamente a los votantes de ciertos Estados, entre los que se encuentran Pensilvania, Georgia y Arizona, y ha incluido incentivos adicionales para que los firmantes promuevan la firma entre otros votantes.
El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ha manifestado su preocupación por la campaña del PAC, calificándola como potencialmente problemática. En una entrevista, sugirió que las autoridades podrían investigar la iniciativa, ante lo cual Musk respondió en redes sociales que dichas declaraciones le resultaban «preocupantes».
Se ha afirmado que el incentivo financiero podría considerarse ilegal conforme a las leyes federales, al exigir que los participantes estén registrados como votantes para ser elegibles para el premio. En contraste, Brad Smith, expresidente de la Comisión Federal Electoral, ha señalado que, a su parecer, no se paga a las personas para registrarse, sino únicamente para firmar una petición. La controversia jurídica dependerá ahora del tribunal, que podría esclarecer la legalidad de este tipo de incentivos en el contexto electoral.