La Comisión Pontificia para la Protección de los Menores emitió su primer informe anual, en el cual detalla recomendaciones para mejorar la gestión de casos de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica. Encabezada por el cardenal Sean O’Malley, la Comisión establece como objetivos la prevención de abusos en la Iglesia y la creación de mecanismos efectivos de protección para menores y adultos vulnerables.
El informe destaca la falta de un proceso adecuado de notificación a las víctimas sobre el estado de sus casos, señalando que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, órgano responsable de gestionar las denuncias, no ha comunicado de manera continua los avances en la tramitación de dichos casos. En este sentido, la Comisión recomienda el establecimiento de un sistema formal de notificación a las víctimas, así como un análisis conjunto con el Dicasterio sobre el desarrollo de un protocolo eficaz para la gestión de denuncias.
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Además, el informe sugiere precisar el concepto de “vulnerabilidad” en las políticas de protección de la Iglesia y simplificar el procedimiento para destituir a miembros de la Iglesia en caso de que se determine su responsabilidad en situaciones de encubrimiento o negligencia en la gestión de casos de abuso. También se recomienda realizar un estudio exhaustivo de los mecanismos de compensación a fin de establecer medidas de reparación adecuadas.
La Comisión sitúa este informe dentro de un marco de reformas más amplio iniciado en 2021, que incluye la penalización del abuso sexual y de su encubrimiento en la legislación interna de la Iglesia. Asimismo, se remite a una carta emitida en 2023 por el Papa Francisco al jefe del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en la que se subraya la importancia de la transparencia y responsabilidad en el ejercicio de sus competencias.
En un contexto más amplio, la Iglesia Católica ha enfrentado denuncias de abusos sexuales en varias jurisdicciones, incluyendo Australia, Estados Unidos, Irlanda, Alemania y Bélgica. La Comisión considera que el presente informe anual constituye un primer paso hacia la implementación de medidas que garanticen una mayor rendición de cuentas y transparencia en la administración de justicia eclesiástica en materia de protección de menores.
aunque me parece que ustedes son chilenos las víctimas lo somos todos de los curas depredadores.
les voy a pedir el favor de trasladar a sus pares españoles que, hartos de esperar la prometida reparación económica que nunca llega, si no la recibimos antes del 1 de diciembre iniciaremos un acto de apostasía colectivo y con presencia de los medios.
Saludos.