La Corte Suprema revocó la resolución de la Corte de Santiago, que declaró inadmisible el recurso de protección interpuesto en contra de la Tesorería General de la República, por compensar lo adeudado por el actor con una indemnización ordenada por sentencia judicial en su favor.
El recurrente sostiene que se ha vulnerado su derecho a la indemnización en el contexto del cumplimiento de una sentencia que lo reconoce como víctima de delitos de lesa humanidad, específicamente tortura y prisión política, sufridos durante el periodo de 1973.
Relata que con fecha 19 de mayo de 2023 se condenó al Fisco de Chile a pagar una indemnización de $45.000.000.-, decisión que fue confirmada por la Corte de Santiago. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió la resolución que ordenó el pago de la suma indicada, incluyendo los intereses.
El recurrente denuncia que al momento de ejecutar la sentencia, Tesorería le entregó un cheque por un monto inferior, reteniendo a su favor un monto de $7.943.139.- Alega que la recurrida argumenta la existencia de deudas originadas en 1996 y 1997, pero no ha proporcionado justificaciones adecuadas ni claridad sobre las mismas, lo que considera un acto arbitrario y abusivo.
El actor denuncia que las sumas retenidas son significativamente mayores que las deudas originales, que no se ha demostrado la vigencia de estas deudas tras más de 27 años, y que este proceder no solo contradice el cumplimiento de la sentencia judicial, sino que también le priva de su derecho a la indemnización fijada por los tribunales.
Solicita que se deje sin efecto la compensación dispuesta unilateralmente por la recurrida y que se dé inmediato y entero cumplimiento a la sentencia que ordenó el pago de la indemnización.
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La Corte de Santiago declaró inadmisible el recurso, al considerar que, “(…) los hechos descritos en la presentación de folio 1, atañen a un procedimiento que ha sido de conocimiento del Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, de manera que el asunto está sometido al imperio del derecho, existiendo autoridad competente ante el cual se podrán hacer las alegaciones y peticiones pertinentes, todo lo cual impide que esta acción tutelar pueda ser acogida a tramitación”.
El máximo Tribunal revocó la decisión en alzada, luego de razonar que, “(…) aparece de manifiesto que en el libelo interpuesto se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política, razón por la que el recurso debió haber sido acogido a tramitación”.
En definitiva, la Corte Suprema revocó la resolución apelada, declaró que el recurso es admisible y ordenó darle la tramitación correspondiente.
Vea resolución C¿Corte Suprema Rol N°54388/2024 y Corte de Santiago Rol N° 20479/2024, y texto del recurso.