El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimó la demanda interpuesta contra Rumania por la presunta violación de las garantías del debido proceso durante el juicio de una exfuncionaria pública acusada de corrupción, al estimar que las pruebas presentadas durante el juicio fueron debidamente valoradas por los jueces nacionales. No constató ninguna violación al artículo 6.1 (derecho a un juicio justo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Una ciudadana rumana fue acusada en 2012 de falsificación y abuso de poder, junto a otros funcionarios del Ministerio del Interior, por contratar ilegalmente a una persona para un puesto ficticio. Durante el juicio, se presentaron testimonios de coacusados que testificaron en su contra. Por lo anterior, la defensa solicitó la presentación de nuevas pruebas para impugnar algunas declaraciones, pero el tribunal aceptó solo algunas de estas solicitudes.
En segunda instancia se confirmó la validez de las pruebas originales y se rechazaron nuevas solicitudes de testigos, al considerarse que no aportarían nuevos antecedentes. La pena de la mujer fue incrementada a dos años de prisión suspendida. El tribunal destacó que la acusada podría haber solicitado esas pruebas antes en el proceso, si consideraba que sus derechos procesales habían sido vulnerados. Por este motivo, la mujer demandó al Estado ante el TEDH.
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En su análisis de fondo, el Tribunal observa que, “(…) el juez de primera instancia tomó pruebas directamente de tres testigos, incluidos los dos excolegas de la solicitante, quienes ya habían sido condenados, incluyendo al coacusado y una tercera persona. Además, el Tribunal de Apelación en el presente caso tomó pruebas directamente de la solicitante y de sus coacusados. La razón por la que no se tomaron las declaraciones fue porque él había optado por permanecer en silencio durante los procedimientos.
Comprueba que, “(…) el juez aplazó dos veces la audiencia para permitir a la solicitante aclarar su solicitud de pruebas y cambiar de abogado. La actora no hizo referencia en sus solicitudes posteriores a que los testigos previamente escuchados, ni siquiera el testigo de la defensa, o los coacusados testificaran nuevamente. Simplemente solicitó que se produjeran pruebas documentales y que dos nuevos testigos dieran testimonio, lo cual fue rechazado de manera razonada”.
Agrega que, “(…) del mismo modo, se verificó que la solicitante no especificó en ningún momento qué testigos previamente escuchados le gustaría que dieran pruebas nuevamente ante el juez de instancia, ni qué aspectos le hubiera gustado aclarar por este medio. Además, no solicitó al Tribunal de Apelación que tomara pruebas de los testigos en cuestión nuevamente; simplemente repitió la misma solicitud de pruebas en relación con la convocatoria de nuevos testigos”.
El Tribunal concluye que, “(…) dadas las circunstancias del caso y el enfoque de la solicitante respecto a los procedimientos, así como las medidas compensatorias tomadas por los jueces en ambos niveles de jurisdicción, quienes tomaron pruebas directamente de los coacusados y de un testigo particularmente importante, el uso por parte de los tribunales de una grabación de otros testimonios de testigos para tomar sus decisiones era compatible con los requisitos del derecho de la solicitante a un justo juicio y no comprometió la esencia de dicho derecho”.
Al tenor de lo expuesto, el Tribunal desestimó la demanda interpuesta contra Rumania en todas sus partes.
Vea sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos 37324/16.