El gobernador de Texas, Greg Abbott, dictó una orden ejecutiva que establece obligaciones específicas para los hospitales públicos del Estado en relación con la recopilación y reporte de datos sobre la atención médica brindada a inmigrantes indocumentados. Esta disposición, que entrará en vigor este mes, tiene el objetivo de recabar información detallada sobre los costos de atención asociados a esta población.
Conforme al texto de la orden, el gobernador Abbott fundamenta esta medida en los efectos económicos atribuidos a las políticas de inmigración de la administración federal, a las cuales se refiere como una «política de frontera abierta». Abbott aduce que estas políticas han generado costos adicionales para los contribuyentes de Texas en áreas como la salud pública. La orden ejecutiva afirma que la falta de cumplimiento de ciertas leyes federales de inmigración ha contribuido al incremento de estos gastos estatales.
En términos específicos, la orden establece que los hospitales deben recopilar datos detallados de los servicios médicos prestados, incluyendo el número de altas hospitalarias y visitas a emergencias realizadas por personas inmigrantes indocumentadas, así como el costo de estos servicios.
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Los datos deberán ser reportados trimestralmente a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas a partir del 1 de marzo de 2025. Asimismo, se estipula un reporte anual de estos costos acumulados durante cada año fiscal, a ser remitido al gobernador, al vicegobernador y al presidente de la Cámara de Representantes de Texas a partir del 1 de enero de 2026.
En el contexto de esta normativa, Abbott ha expresado su intención de exigir una compensación por los costos asociados a estas políticas a la administración federal, argumentando que Texas no debería asumir los gastos resultantes de la atención médica de personas en situación migratoria irregular.
Por otro lado, esta orden se suma a un debate en curso sobre las competencias estatales y federales en materia migratoria. En una decisión de enero de 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó, en virtud de la Cláusula de Supremacía, que el gobierno federal tiene prioridad en el manejo de políticas migratorias, resolviendo a favor de agentes federales en su disputa con Texas sobre las intervenciones en la frontera sur. En marzo de 2024, la misma Corte amplió una suspensión sobre una ley estatal de Texas que proponía penalizaciones específicas para la inmigración ilegal en el Estado, reafirmando la preeminencia de la autoridad federal en asuntos de inmigración.