La Cámara de los Comunes del Reino Unido inició la primera lectura de un proyecto de ley referente a la regulación del tabaco y los cigarrillos electrónicos, que establece un límite anual progresivo de edad para la compra de productos de tabaco, con el propósito de reducir gradualmente el acceso a estos productos. La propuesta fue impulsada durante el mandato del ex primer ministro Rishi Sunak y recibió aprobación parlamentaria en abril de 2024.
En el discurso del rey de 2023 se presentó un esquema inicial del proyecto de ley, el cual incluye un aumento gradual de la edad mínima legal para adquirir productos de tabaco, de modo que el acceso se reduzca progresivamente. Este modelo es similar al aplicado en Nueva Zelanda.
Según la redacción actual del proyecto de ley, se prohíbe la venta de tabaco, papel para fumar y productos de hierbas para fumar a toda persona nacida a partir del 1 de enero de 2009. Además, se establece como delito adquirir productos de tabaco en nombre de cualquier individuo nacido a partir de esa misma fecha. Entre las disposiciones adicionales del proyecto, se incluyen limitaciones sobre la publicidad y promoción de productos de tabaco y de vapeo, así como la creación de “zonas libres de humo, libres de vapeo y libres de tabaco calentado.”
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El proyecto de ley faculta, además, a los ministros para regular los sabores y el diseño de los envases de los dispositivos de vapeo con el fin de reducir su atractivo para los menores de edad. También se incluye la facultad del gobierno para implementar un sistema de registro obligatorio de productos de tabaco, vaporizadores y productos de nicotina que ingresen al mercado británico.
De acuerdo con datos proporcionados por el Departamento de Salud y Asistencia Social, el tabaquismo genera un costo anual estimado de 21.800 millones de libras esterlinas para la economía y sociedad del Reino Unido. Este costo incluye una pérdida anual de productividad de 18.300 millones de libras atribuida a ingresos no generados, desempleo y mortalidad prematura vinculados al consumo de tabaco, así como un gasto de 3.100 millones de libras para el Sistema Nacional de Salud y el sistema de asistencia social.
Asimismo, el proyecto de ley aborda la problemática de la comercialización de dispositivos de vapeo desechables dirigidos a la juventud y el impacto ambiental que estos suponen. Se contempla una prohibición de productos de vapeo de un solo uso, que podría entrar en vigor a partir del 1 de junio de 2025, bajo una legislación ambiental independiente.
Tras su tercera lectura en la Cámara de los Comunes, el proyecto deberá pasar a la Cámara de los Lores para su revisión y eventual sanción real. Según el secretario Wes Streeting, las medidas contenidas en el proyecto son compatibles con los derechos establecidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.