La Corte Suprema de la India dictó un fallo que prohíbe las demoliciones de propiedades como medida punitiva para personas acusadas o condenadas por delitos. Esta resolución establece directrices claras que previenen el uso de la demolición como sanción extrajudicial y define las consecuencias legales para quienes incumplan estas disposiciones. La decisión responde a varias peticiones presentadas ante la Corte y se alinea con el criterio de su presidente, quien previamente había dictaminado que esta práctica era inadmisible.
La denominada «justicia de la excavadora» se refiere a la demolición de inmuebles vinculados a individuos acusados de actividades ilícitas. Esta práctica se implementó en algunas jurisdicciones de la India, especialmente tras episodios de violencia comunitaria, y tuvo un impacto significativo en propiedades situadas en los estados de Assam, Delhi y Uttar Pradesh.
Según las acusaciones, estas demoliciones fueron ejecutadas sin una orden judicial o proceso legal, y presuntamente con la colaboración de funcionarios locales. La Corte estableció que tales demoliciones, al ser arbitrarias y desproporcionadas, constituyen una violación de los derechos fundamentales de los afectados.
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En su sentencia, la Corte sostuvo que la «justicia de la excavadora» es incompatible con el principio de separación de poderes, pues implica que el ejecutivo asume competencias exclusivas del poder judicial. Declarar a una persona culpable y establecer sanciones son facultades reservadas a los órganos judiciales, y cualquier acción punitiva ejercida por el poder ejecutivo excede los límites de sus atribuciones.
Además, la Corte estableció que el derecho a la vivienda, reconocido como parte del derecho fundamental a la vida bajo el artículo 21 de la Constitución de la India, se ve vulnerado por las demoliciones de propiedades sin el debido proceso. La sentencia estipula que, en casos de demolición no autorizada, las personas afectadas tendrán derecho a recibir una indemnización, mientras que los funcionarios involucrados en estos actos podrán enfrentar procedimientos penales y sanciones por desacato.
La resolución Corte establece un protocolo detallado para investigar y sancionar cualquier demolición que se realice sin cumplir con los procedimientos legales, con el fin de prevenir posibles abusos en el futuro. Esta sentencia ha sido recibida con el respaldo de organismos de derechos humanos y refuerza la exigencia de que cualquier medida punitiva se ejecute conforme a la legislación vigente en la India.