El Ayuntamiento de la ciudad Los Ángeles (California) aprobó una ordenanza que establece restricciones en el uso de recursos municipales para la aplicación de las leyes federales de inmigración. La votación, realizada en sesión plenaria, resultó en la aprobación unánime de la medida, que fue redactada por la alcaldesa y la abogada municipal.
La ordenanza tiene como objetivo principal impedir que el personal, los fondos o la propiedad de la ciudad sean utilizados para actividades relacionadas con la ejecución de leyes federales de inmigración. Esto incluye acciones como investigar, citar, arrestar o detener personas con base en dichas leyes. Asimismo, se establece que los recursos municipales no podrán ser empleados en operativos que involucren a agentes federales de inmigración.
Durante la reunión del consejo, diversas organizaciones presentaron argumentos a favor de la iniciativa. Representantes de colectivos como la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles y el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes participaron en el debate público. Entre ellos, la presidenta de la federación laboral y otros personeros enfatizaron la necesidad de establecer medidas que regulen la colaboración entre las autoridades locales y las federales en este ámbito.
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La aprobación de la ordenanza se da en un contexto nacional marcado por declaraciones recientes del presidente electo Donald Trump, quien ha anunciado planes para endurecer la política migratoria mediante deportaciones masivas y restricciones adicionales en la frontera. Dichas medidas incluyen la posible declaración de una emergencia nacional con el fin de movilizar al ejército en apoyo de las acciones de deportación.
A nivel internacional, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, también ha presentado nuevas políticas en materia migratoria que buscan limitar la llegada de inmigrantes, tanto en calidad de residentes temporales como permanentes. Este enfoque refleja un cambio en las estrategias de varios gobiernos en relación con la gestión de flujos migratorios.
Con la aprobación del Consejo Municipal, la ordenanza deberá ser ratificada por la alcaldesa, quien tiene la facultad de promulgarla como ley local.