El pasado sábado 8 de noviembre, la Teletón 2024 cerró una jornada marcada por la solidaridad, superando su meta y asegurando fondos cruciales para los centros de rehabilitación a lo largo del país. Este logro permite que muchos niños y niñas en Chile puedan acceder a una rehabilitación integral. Sin embargo, esta celebración plantea una pregunta esencial: ¿están preparados nuestros establecimientos educacionales para recibir y brindar un servicio educativo inclusivo y accesible a estudiantes con necesidades educativas especiales?
La Ley General de Educación define la educación como un proceso de aprendizaje permanente, que busca el desarrollo integral de las personas, respetando sus derechos y promoviendo valores como la diversidad y la paz (artículo 2). Para cumplir con estos objetivos, el sistema educativo chileno se rige por algunos principios, siendo relevantes los principios de universalidad, equidad e integración. Estos principios exigen que todos los estudiantes tengan la posibilidad de acceder a una educación de calidad, libre de discriminación y adaptada a sus necesidades, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales. Sin embargo, llevar estos principios a la práctica sigue siendo un desafío para muchos establecimientos.
Infraestructura adaptada: Un primer paso hacia la inclusión
Un aspecto crucial de la educación inclusiva es la infraestructura accesible. Según el Decreto 47 de 1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (conocida como la Ley General de Urbanismo y Construcciones), los establecimientos educativos deben disponer de rutas accesibles que conecten todas las áreas del recinto, incluyendo salas de clase, patios, gimnasios y baños. La adecuación de estas instalaciones no es solo un requisito normativo, sino una condición esencial para que estudiantes con discapacidad puedan desplazarse libremente y participar plenamente en la vida escolar.
Además, el Decreto 548 de 1988, del Ministerio de Educación, establece que los sostenedores que imparten educación especial o cuentan con programas de integración deben garantizar accesibilidad en todas las actividades curriculares. Esto implica la adaptación de puertas y baños, por ejemplo, para permitir el desplazamiento de estudiantes que utilizan sillas de ruedas, aparatos ortopédicos u otros dispositivos de apoyo. Sin estas adecuaciones, cualquier iniciativa de inclusión pierde sustancia, pues el entorno físico limita la participación de los estudiantes con necesidades especiales.
Eliminación de barreras de entradas a los establecimientos: SAE y fin a la selección
Con la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Escolar y la implementación del Sistema de Admisión Escolar (SAE), se marcó un hito en la transformación del sistema educativo chileno hacia un modelo más equitativo e inclusivo.
Antes de esta normativa, los establecimientos educacionales tenían la potestad de seleccionar a los estudiantes basándose en diversos criterios, lo que muchas veces daba lugar a prácticas discriminatorias. Estas podían incluir la aplicación de pruebas académicas o entrevistas personales, pero también discriminación por factores como el estado civil de los apoderados, el lugar de residencia, la afiliación religiosa, o incluso condiciones como discapacidades o necesidades educativas especiales. Estas prácticas reflejaban un sistema educativo segmentado, donde el acceso a establecimientos de mayor calidad no era igualitario para todos los estudiantes.
El SAE, establecido por la Ley de Inclusión Escolar, cambió este paradigma al crear un sistema centralizado y transparente para la asignación de cupos en los establecimientos que reciben financiamiento estatal. Este sistema funciona mediante una plataforma web que opera bajo un algoritmo matemático diseñado para asignar cupos de acuerdo con las preferencias de los padres y apoderados, las reglas establecidas por la normativa y la disponibilidad de vacantes. Su carácter obligatorio asegura que todos los estudiantes que ingresan por primera vez o que deseen cambiarse de establecimiento, participen en igualdad de condiciones, en aquellos establecimientos que cuentan con Subvención del Estado.
Una de las principales garantías de este sistema es la prohibición expresa de discriminar a estudiantes por motivos de discapacidad o cualquier otra condición al momento de postular e ingresar a un establecimiento. Esta medida busca garantizar el derecho a una educación inclusiva, asegurando que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a las mismas oportunidades educativas, independientemente de sus características personales o familiares.
El SAE representa, por tanto, un avance significativo hacia un sistema educativo más justo y democrático, priorizando el interés superior del niño y eliminando barreras que, en el pasado, restringían el acceso equitativo a la educación de calidad.
Subvenciones educativas especiales
Para que la educación inclusiva sea una realidad, los establecimientos educacionales necesitan contar con recursos específicos que faciliten la implementación de estrategias de apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales.
La subvención PIE (Programa de Integración Escolar) cumple un rol fundamental en este contexto, ya que proporciona fondos destinados a mejorar las condiciones educativas y asegurar una participación plena y efectiva de los estudiantes con necesidades educativas especiales.
Los recursos PIE deben emplearse estratégicamente, planificando su uso en consonancia con los objetivos del PIE y el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), de modo que se promueva una educación adaptada y libre de barreras.
Algunas áreas clave donde estos fondos pueden utilizarse son:
1. Contratación de recursos humanos especializados: El PIE permite la contratación de docentes de educación especial y otros profesionales de apoyo como psicopedagogos, fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales, que contribuyen a una atención personalizada y adaptada. Además, se fomenta la inclusión de personas con discapacidad como apoyos adicionales en el proceso educativo, integrando valiosas perspectivas en la atención y el apoyo brindado a los estudiantes.
2. Capacitación y perfeccionamiento de la comunidad escolar: La subvención permite financiar capacitaciones, talleres y seminarios específicos sobre inclusión y atención a estudiantes con necesidades educativas especiales. Estas actividades buscan fortalecer las competencias de los docentes y del personal escolar, asegurando que todos los miembros de la comunidad escolar comprendan y apoyen el enfoque inclusivo en el aula y en todo el establecimiento.
3. Provisión de materiales y equipamiento adaptado: La adquisición de tecnología educativa, materiales especializados y herramientas de apoyo es esencial para la enseñanza adaptada. Estos recursos incluyen software educativo, materiales táctiles y libros adaptados, todos orientados a crear un ambiente de aprendizaje accesible para cada estudiante.
4. Evaluación y seguimiento: La subvención también cubre la adquisición de instrumentos de evaluación diagnóstica y la contratación de expertos para realizar evaluaciones anuales del PIE. Estas evaluaciones proporcionan información fundamental para perfeccionar las estrategias inclusivas y adaptar las intervenciones según las necesidades de cada estudiante.
Es importante destacar que existen restricciones claras respecto al uso de recursos PIE. Los fondos no pueden ser destinados a cubrir gastos asistenciales (como ropa o alimentos), construcción de infraestructura, compra de vehículos o arriendo de espacios. Estos límites aseguran que el presupuesto se enfoque exclusivamente en mejorar las oportunidades de aprendizaje y en desarrollar una educación inclusiva y equitativa.
La subvención PIE representa una herramienta esencial para que los establecimientos avancen hacia una educación inclusiva. Su correcta aplicación es un paso indispensable para construir entornos escolares en los que todos los estudiantes, sin importar sus necesidades, puedan desarrollarse plenamente y sentirse incluidos.
¿Pero realmente se cumple con lo señalado en la norma?
Uno de los mayores obstáculos para la inclusión efectiva de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) es la falta de adecuación física en los establecimientos educacionales. Aunque existe normativa que regula la accesibilidad, como la obligación de contar con rutas accesibles, baños adaptados y ascensores, en la práctica muchas instituciones no cumplen con estos requerimientos.
La falta de fiscalización adecuada perpetúa estas falencias, lo que genera soluciones parches, como mover el curso completo al primer piso. Esta medida, aunque inmediata, limita el acceso del estudiante con discapacidad a otras áreas del establecimiento y refuerza la idea de que las adaptaciones son excepcionales y no parte de una planificación inclusiva integral.
Asimismo, el sistema de admisión escolar (SAE) busca garantizar que ningún estudiante con NEE sea rechazado por su condición. Sin embargo, existe una limitación de cupos por curso: 5 para NEE transitorias y 2 para NEE permanentes, lo que plantea desafíos significativos: aunque existen ingresos excepcionales de cupos que pueden ser autorizado por el MINEDUC, los retrasos en este proceso burocrático dificultan el uso de los fondos PIE, obligando a los sostenedores a financiar con recursos propios las adaptaciones necesarias.
Esta situación no solo afecta a los sostenedores, sino también a los estudiantes, que muchas veces no reciben los apoyos adecuados en tiempo y forma. Esto refuerza la percepción de que el sistema educativo no está preparado para atender a la diversidad.
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Un estudio realizado por la Facultad de Educación de la Universidad de Los Andes, un 42% de los apoderados de niños en edad escolar en nuestro país afirma que tiene un hijo con problemas de aprendizaje en el colegio o necesidades educativas especiales (NEE). El estudio consultó a 1.210 padres y/o tutores de menores y adolescentes escolares, desde Arica a Punta Arenas, hombres y mujeres de los 5 grupos socio económicos. De los encuestados, 20% reporta déficit atencional, 12% necesidades educativas especiales o transitorias, 5% condiciones de neurodesarrollo y otro 5% dificultades en el aprendizaje. El estudio también preguntó la opinión respecto de si el establecimiento educacional de su hijo cuenta con los profesionales adecuados para entregar lo que ellos necesitan para aprender. Un 75% está de acuerdo y muy de acuerdo con esta afirmación y un 13% opinó estar en desacuerdo y muy en desacuerdo con esta premisa.
La educación inclusiva no debe ser vista como una excepción o como una serie de ajustes temporales, sino como un principio fundamental del sistema educativo. Garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades o necesidades, puedan acceder a una educación de calidad requiere un compromiso real y sostenido de todos los actores involucrados. Solo así podremos construir una sociedad que valore y respete la diversidad, permitiendo que cada persona alcance su máximo potencial.
Pamela Docmac Soto
Abogada U. de Tarapacá
Diplomada en Análisis y Planificación Tributaria P. Universidad Católica de Chile y en Derecho Laboral I.E.J.
Master Business Administration (MBA) de la Universitat de Barcelona