El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA) ha solicitado la liberación inmediata de Anon Nampa, abogado de derechos humanos y activista tailandés que actualmente cumple una condena de 14 años de prisión. Esta pena deriva de diversas condenas impuestas bajo el artículo 112 del Código Penal de Tailandia, conocido como la ley de lesa majestad. El GTDA considera que su detención contraviene las disposiciones del derecho internacional, en particular las que garantizan la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Anon Nampa fue condenado por su participación en protestas públicas y por realizar publicaciones contra la monarquía en redes sociales entre 2020 y 2021. Dichas actividades incluyeron llamados a reformas constitucionales y propuestas de cambios en la estructura monárquica del país. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Penal de Bangkok, que argumentó que las declaraciones del activista constituían amenazas a la seguridad pública y que afectaban negativamente a la monarquía.
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El GTDA ha señalado que estas condenas son incompatibles con la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Entre las vulneraciones identificadas, destacan las limitaciones al derecho de libertad de expresión, la falta de acceso a un juicio imparcial y restricciones indebidas a la libertad personal. El organismo internacional ha destacado que las disposiciones del artículo 112 son excesivamente amplias y no cumplen con los estándares de precisión exigidos por el derecho internacional.
Además, el GTDA ha cuestionado las decisiones judiciales de denegar repetidamente la libertad bajo fianza a Anon Nampa. Según el análisis presentado, estas denegaciones se basaron en criterios generales, como la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de reincidencia, sin evaluaciones individualizadas. Esto, según el grupo, vulnera principios fundamentales como la proporcionalidad y la presunción de libertad en los procesos penales.
Diversas organizaciones, como Thai Lawyers for Human Rights y Lawyers for Lawyers, han respaldado las conclusiones del GTDA y han reiterado sus llamados a la liberación de Anon Nampa. También han instado a las autoridades tailandesas a revisar el marco legal vigente, en particular el artículo 112, con el objetivo de armonizarlo con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado. Por último, se ha documentado que, desde 2020, más de 275 personas han sido procesadas bajo el artículo 112, incluidos menores de edad.