La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley denominado “Ley para Detener el Financiamiento del Terrorismo y Sanciones Fiscales a los Rehenes Estadounidenses”, cuyo objetivo principal es otorgar al Secretario del Tesoro la facultad de designar a ciertas organizaciones sin multas de lucro como «organizaciones que apoyan al terrorismo». Esta designación tendría como efecto inmediato la pérdida del estatus de exención de impuestos de dichas entidades.
El texto legal define a una “organización que apoya al terrorismo” como aquella que, según la determinación del Secretario del Tesoro, ha proporcionado apoyo material o recursos a una organización terrorista en un monto superior a un umbral específico, dentro de un período de tres años anteriores a la fecha de designación.
El proyecto de ley establece un procedimiento previo a la designación, mediante el cual el Secretario del Tesoro debe emitir un aviso escrito dirigido a la última dirección registrada de la organización. Este aviso deberá incluir la designación prevista, los nombres de las organizaciones a las que se alega que se brindó apoyo y una descripción del material de apoyo proporcionado, siempre que esta información no comprometa la seguridad nacional ni las actividades de aplicación de la ley.
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Una vez emitida la notificación, las organizaciones afectadas disponen de un plazo de 90 días para presentar pruebas de que no proporcionaron el supuesto apoyo. Alternativamente, las organizaciones pueden certificar por escrito que no brindarán más apoyo en el futuro. No obstante, el proyecto de ley establece que las organizaciones que hayan realizado certificaciones similares en los últimos cinco años no podrán recurrir nuevamente a esta opción para evitar la designación.
Diversos colectivos y grupos de defensa de derechos civiles han emitido opiniones públicas en relación con este proyecto de ley. Un grupo compuesto por más de 180 organizaciones, entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), ha enviado una carta al Congreso cuestionando la posibilidad de que la legislación pueda otorgar poderes significativos al Secretario del Tesoro sin mecanismos de control adecuados.
Según el comunicado, las organizaciones designadas no tendrían acceso a la totalidad de las pruebas en su contra ni a un procedimiento equitativo ante una autoridad imparcial. Además, el documento señala que el marco jurídico existente ya prohíbe el financiamiento al terrorismo, lo que, a juicio de los firmantes, podría hacer innecesarias las disposiciones del nuevo proyecto de ley.
Por otro lado, otros grupos como el Fondo de Defensa Legal de la NAACP han expresado preocupación sobre la potencial aplicación de esta ley en contextos ajenos a su objetivo original. En particular, han advertido que las herramientas legales propuestas podrían ser utilizadas de manera indebida para afectar a organizaciones dedicadas a causas de justicia racial u otras actividades similares.
Este proyecto de ley se encuentra ahora a la espera de consideración en el Senado de los Estados Unidos, instancia en la que será discutido.