El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó recientemente su preocupación respecto a las recientes enmiendas constitucionales aprobadas en Nicaragua, señalando que dichas modificaciones podrían tener un impacto significativo en la estructura del sistema de gobierno del país.
Entre los principales cambios, las enmiendas proponen extender el mandato presidencial de cinco a seis años, aumentar las atribuciones del vicepresidente —actualmente en manos de la esposa del presidente— al nivel de copresidente, y suprimir la prohibición constitucional de censurar medios de comunicación.
Asimismo, las reformas introducen disposiciones que permitirían la suspensión de derechos fundamentales durante estados de emergencia y reducen los requisitos legales para la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, bajo el argumento de preservar la estabilidad del Estado.
De acuerdo con el comunicado emitido por el Grupo de Expertos, estas modificaciones forman parte de una serie de reformas constitucionales que, desde 2007, han transformado las dinámicas del poder en el país. La declaración subraya que las nuevas disposiciones podrían alterar la separación de poderes establecida en el ordenamiento jurídico nicaragüense, reduciendo su funcionamiento a un carácter meramente simbólico.
Noticia Relacionada
En el ámbito internacional, el Grupo instó a los Estados y organizaciones internacionales a ejercer mecanismos de rendición de cuentas, a fin de que el gobierno nicaragüense evalúe estas reformas y cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluidas las que se derivan de tratados sobre derechos humanos. La declaración hace hincapié en que la vigencia de principios democráticos es fundamental para garantizar la protección de derechos fundamentales.
En un contexto más amplio, el Grupo también documentó un patrón de violaciones sistemáticas de derechos humanos en Nicaragua desde 2018, especialmente en el sector educativo. Estas acciones, que han afectado a estudiantes, docentes y personal académico, incluyen restricciones a la libertad de expresión, limitaciones a la libertad académica y obstaculización del derecho a la educación. Parte de estos actos han sido caracterizados como posibles crímenes de lesa humanidad, según estándares del derecho penal internacional.
El procedimiento legislativo requiere que las enmiendas sean sometidas a una segunda votación en la Asamblea Nacional, programada para enero próximo, antes de que puedan entrar en vigor.