El fiscal general del Estado de Maine en Estados Unidos interpuso una demanda contra varias empresas del sector petrolero, incluyendo Exxon, Shell, Chevron, British Petroleum (BP), Sunoco, y el Instituto Americano del Petróleo (API). La acción judicial señala presuntas violaciones legales relacionadas con negligencia, molestias públicas y privadas, prácticas comerciales desleales, omisión de advertencias y otros agravios vinculados al impacto del cambio climático.
En la denuncia, el Estado alega que las empresas demandadas tenían conocimiento desde hace décadas de los riesgos asociados a los gases de efecto invernadero y su contribución al cambio climático. Según documentos citados en la demanda, estas compañías habrían identificado posibles consecuencias perjudiciales para el medio ambiente y la población, pero en lugar de informar al público habrían implementado estrategias de comunicación para minimizar estos riesgos en sus mensajes al consumidor.
La demanda detalla cómo los daños ambientales relacionados con el cambio climático, tales como la lluvia ácida, los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar, han afectado al Estado de Maine. En este contexto, el fiscal argumenta que las empresas demandadas podrían haber previsto razonablemente estos daños, pero no adoptaron medidas para mitigarlos, lo que constituye, según la denuncia, una violación de su deber de cuidado hacia los ciudadanos del Estado.
También sostiene que las compañías involucradas participaron en una campaña de desinformación a través de materiales publicitarios y declaraciones públicas. Se alega que estas acciones buscaban restar credibilidad a la evidencia científica sobre el cambio climático, lo cual fundamenta las reclamaciones por prácticas comerciales desleales bajo las leyes de comercio justo de Maine. El Instituto Americano del Petróleo, como representante de las empresas demandadas, es acusado de complicidad en estas actividades.
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Además, se aduce que la emisión de gases de efecto invernadero por parte de las demandadas constituye una molestia pública y privada al interferir en el uso y disfrute razonable de las propiedades públicas y privadas dentro del Estado. Asimismo, se señala que el impacto de estas emisiones requiere la asignación de recursos públicos significativos para contrarrestar los efectos del cambio climático.
Finalmente, la demanda incluye un reclamo por omisión de advertencias, pues se alega que, a pesar de conocer los riesgos inherentes a sus productos, las empresas no alertaron al público sobre los posibles daños. El Estado solicita compensaciones económicas por los daños sufridos, medidas cautelares para prevenir perjuicios futuros, sanciones punitivas y restitución de las ganancias obtenidas mediante las acciones impugnadas.
“Durante más de medio siglo, estas empresas optaron por obtener ganancias en lugar de seguir la ciencia para prevenir lo que ahora probablemente sean efectos climáticos catastróficos e irreversibles. Al hacerlo, cargaron al Estado y a nuestros ciudadanos con las consecuencias de su codicia y engaño”, señala la acusación.