El Parlamento escocés aprobó un proyecto de ley que modifica las condiciones de libertad anticipada para determinados condenados, reduciendo el tiempo de cumplimiento en prisión preventiva del 50% al 40% de la duración total de la pena. Esta normativa será aplicable exclusivamente a personas que cumplen condenas inferiores a cuatro años de cárcel, excluyendo a los sentenciados por delitos de abuso doméstico y delitos sexuales. Según el texto legislativo, los cambios comenzarán a implementarse en febrero de 2025.
De acuerdo con las disposiciones del proyecto de ley, se prevé que en su fase inicial puedan acceder a la libertad anticipada hasta 390 reclusos, con un proceso de liberación dividido en tres etapas durante un período de seis semanas. Este mecanismo gradual tiene como objetivo garantizar la gestión eficiente de los reclusos que serán incorporados a este régimen de liberación anticipada.
La Secretaria de Justicia declaró que el propósito de la legislación es abordar el hacinamiento en los centros penitenciarios y optimizar los recursos hacia la atención de reclusos que representen mayor riesgo para la seguridad pública. Asimismo, resaltó la importancia de reforzar los mecanismos de reinserción y reducción de la reincidencia como parte integral de esta política penitenciaria.
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El contexto en el que se introduce esta reforma está marcado por una población carcelaria que ha superado los 8.300 internos, cifra considerada una de las más altas registradas en Escocia. Aunque las estadísticas de delitos registrados han disminuido en un 40% desde 2007, la duración promedio de las penas impuestas se ha incrementado en un 32% en los últimos diez años.
El proyecto de ley se enmarca en una estrategia más amplia que busca gestionar de manera efectiva la capacidad del sistema penitenciario. Anteriormente, el gobierno escocés implementó medidas de emergencia que permitieron la liberación de 477 reclusos con menos de 180 días restantes en sus condenas. Paralelamente, se han destinado recursos adicionales a programas comunitarios diseñados como alternativas a la detención.
Escocia se suma así a iniciativas similares que se están desarrollando en otras jurisdicciones del Reino Unido y que tienen como objetivo gestionar la sobrepoblación penitenciaria mediante reformas a las condiciones de cumplimiento de penas.