La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) presentó un informe detallado en el que se documentan múltiples vulneraciones a la libertad de prensa en Afganistán desde agosto de 2021, coincidiendo con la toma de poder por parte del régimen talibán. El informe recoge datos sobre las restricciones impuestas a los periodistas y al personal de los medios de comunicación, así como sobre la atmósfera de temor prevaleciente que ha limitado el ejercicio del periodismo en el país.
De acuerdo con el informe, entre agosto de 2021 y septiembre de 2024, la UNAMA registró 336 incidentes que afectaron la integridad y el trabajo profesional de periodistas, incluyendo 130 casos de presuntos malos tratos y torturas. Estas cifras reflejan el incremento de prácticas tales como detenciones arbitrarias y restricciones a la información, sin el debido proceso legal. Estas prácticas han afectado negativamente el ejercicio de los derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión.
El régimen talibán ha promulgado directrices que regulan la difusión de contenidos periodísticos, prohibiendo la publicación de materiales que no se alineen con su interpretación de los principios religiosos o culturales. Estas disposiciones, junto con la falta de financiación para las organizaciones mediáticas, han ocasionado el cierre de más del 40% de los medios de comunicación en el país desde agosto de 2021. Las entidades que continúan operando se enfrentan a estrictos controles editoriales y la necesidad de obtener autorizaciones previas para sus publicaciones.
Noticia Relacionada
El informe también destaca las restricciones específicas aplicadas a las mujeres que trabajan en los medios de comunicación. Las normativas exigen que las mujeres periodistas cumplan requisitos adicionales, como estar acompañadas por un tutor masculino (mahram) en sus desplazamientos y adherirse a códigos de vestimenta específicos. Asimismo, a las mujeres se les ha limitado su participación en determinados formatos de medios, lo que ha resultado en una reducción de su presencia en el sector y su capacidad para ejercer su profesión.
Algunos medios afganos han trasladado sus operaciones al extranjero para eludir las restricciones locales. Sin embargo, el régimen talibán ha adoptado medidas para contrarrestar estas actividades mediante el control de las frecuencias satelitales y los espacios digitales, extendiendo su influencia más allá de las fronteras del país.
El actuar de las autoridades vulnera el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), instrumento internacional garantiza el derecho a la libertad de expresión y prohíbe restricciones indebidas al flujo de información y opiniones, del cual Afganistán es signatario.
“La libertad de prensa es esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, ya que permite la difusión oportuna de la información, facilita el debate público y fortalece la rendición de cuentas.2 El derecho a la libertad de expresión está garantizado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Como Estado Parte del PIDCP, Afganistán tiene la responsabilidad de promover, proteger y hacer efectivos los derechos humanos y de garantizar que todas las personas, incluidos los periodistas, puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión”, señala el texto.