En el marco de los acuerdos alcanzados durante la 29ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) en Bakú, Azerbaiyán, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca la necesidad de implementar estos compromisos de manera efectiva, adoptando un enfoque basado en derechos humanos y justicia climática. Este enfoque debe garantizar la inclusión de las comunidades más vulnerables y promover la participación activa de la sociedad civil en todas las etapas de la acción climática.
La REDESCA destaca que, entre los principales acuerdos alcanzados en la COP29, se incluyen el aumento del financiamiento anual de los países desarrollados, que pasará de 100.000 millones a 300.000 millones de dólares para 2035, y el compromiso de movilizar hasta 1,3 billones de dólares anuales para ese mismo año, provenientes de fuentes públicas y privadas. También se avanzó en áreas clave como la regulación de los mercados de carbono, la reducción de emisiones globales, la transparencia en los informes climáticos y el apoyo a los países en desarrollo para implementar sus Planes Nacionales de Adaptación (NAPs). Sin embargo, la REDESCA toma nota de que varios países en desarrollo han considerado insuficientes los recursos comprometidos para enfrentar eficazmente los desafíos de la crisis climática. Además, resalta las preocupaciones expresadas sobre los riesgos de los mercados de carbono si no se aplican con estrictos criterios de derechos humanos y transparencia.
La REDESCA reitera la urgencia de que los Estados adopten acciones que reconozcan y aborden las desigualdades en los impactos del cambio climático, tanto entre países como dentro de ellos. Estas acciones deben priorizar a las comunidades de primera línea y a los grupos en situación de vulnerabilidad, asegurando un enfoque basado en la justicia climática. Asimismo, enfatiza que los fondos de financiamiento climático deben ser suficientes, movilizando el máximo de recursos disponibles, y gestionados de manera que respeten y protejan los derechos humanos. Esto implica garantizar que las estrategias de mitigación y adaptación sean inclusivas, equitativas y respetuosas de los derechos de todas las personas. Además, las soluciones implementadas deben ser culturalmente apropiadas y socialmente justas, promoviendo un desarrollo sostenible que beneficie a las comunidades más afectadas.
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En este contexto, además de reiterar la necesidad de movilizar recursos adicionales para cumplir con los objetivos de financiamiento climático se enfatiza que las soluciones no deben agravar la carga financiera de los países en desarrollo, que ya enfrentan desafíos significativos para mantener su estabilidad económica mientras responden a la crisis climática. Es esencial reconocer la responsabilidad histórica de los países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero y la vulnerabilidad de las regiones que, a pesar de haber contribuido mínimamente al cambio climático, sufren sus efectos de manera desproporcionada. En este sentido, se insta a los países desarrollados a fomentar la cooperación internacional para que los países en desarrollo, incluidos los del Caribe, puedan hacer frente a esta crisis global.
La próxima cumbre en Belém, Brasil, constituirá una oportunidad estratégica para consolidar los avances alcanzados en la COP29 y fortalecer el compromiso de los Estados con el cumplimiento de sus obligaciones climáticas. Este encuentro debe ser un espacio para priorizar la implementación de acciones concretas que integren principios de justicia climática y derechos humanos, reconociendo las necesidades de las comunidades más vulnerables. Además, será clave impulsar la cooperación internacional, garantizar recursos adecuados y establecer mecanismos transparentes de rendición de cuentas, asegurando que los compromisos asumidos beneficien de manera efectiva a quienes enfrentan los impactos más severos de la crisis climática.