En una reciente publicación del medio ahora.com.pe se da a conocer el artículo Fujimorismo insiste en la reforma del Sistema Interamericano: ¿Un paso hacia la denuncia del Pacto de San José?
El fujimorismo mantiene su postura firme para modificar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). La congresista Martha Moyano, de Fuerza Popular (FP), ha reiterado su intención de que el Congreso debata y apruebe por insistencia la ley que crea una comisión de alto nivel para proponer reformas a dicho sistema. Esta medida incluye la posibilidad de denunciar el Pacto de San José si las propuestas no son aceptadas.
“Espero que para la siguiente semana se ponga a debate el dictamen de insistencia que crea la comisión de alto nivel para la elaboración de propuestas de reforma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡De una vez por todas!”, expresó Moyano a través de sus redes sociales.
La propuesta ha sido observada por el Ejecutivo, que señala que va en contra de las competencias constitucionales del Gobierno y representa un retroceso en los compromisos internacionales del Perú. A pesar de ello, la mayoría parlamentaria que respalda esta iniciativa parece decidida a avanzar.
¿En qué consiste la ley?
El proyecto plantea la creación de una comisión de alto nivel encargada de elaborar propuestas de reforma al SIDH, particularmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según el dictamen, esta comisión estaría presidida por el ministro de Relaciones Exteriores e integrada por el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo y el ministro de Justicia.
El aspecto más controvertido es la disposición que indica que, si las reformas no son implementadas, el Perú evaluará su permanencia en el Pacto de San José, tratado que protege los derechos humanos en la región y otorga competencia vinculante a la Corte IDH.
Un conflicto entre poderes
El Ejecutivo, liderado por Dina Boluarte, observó esta ley en febrero. Argumentó que:
1. La creación de una comisión presidida por un ministerio corresponde al Gobierno mediante resolución, no al Congreso mediante ley.
2. Dirigir la política exterior es una atribución exclusiva de la Presidencia de la República, por lo que el Congreso no puede imponer decisiones como la denuncia del Pacto de San José.
A pesar de estas observaciones, en marzo, la Comisión de Constitución, presidida entonces por Martha Moyano, aprobó el dictamen de insistencia con el respaldo de Fuerza Popular y otras bancadas como Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País.
Reforma o retroceso: las posturas enfrentadas
El debate sobre esta ley ha generado una fuerte polarización:
– A favor de la ley: Sus promotores, como Moyano y el congresista Diego Quispe Sánchez, argumentan que el Sistema Interamericano necesita reformas urgentes para evitar “interferencias indebidas” en los asuntos internos del país. Según ellos, la Corte IDH ha excedido su mandato al emitir fallos que afectan la soberanía nacional.
– En contra de la ley: Organizaciones de derechos humanos, juristas y algunos sectores políticos consideran que esta iniciativa busca debilitar los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y eliminar un sistema que ha sido clave para garantizar justicia en casos emblemáticos de violaciones en el Perú.
El abogado y especialista en derecho internacional, Daniel Muñoz, señaló en un informe para La República que “la denuncia del Pacto de San José sería un grave retroceso para el país y enviaría un mensaje preocupante sobre el compromiso del Perú con los derechos humanos”.
La Corte IDH en el Perú: una historia de tensiones
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido un actor clave en la supervisión del respeto a los derechos humanos en el Perú. Sus fallos, como los emitidos en los casos de La Cantuta y Barrios Altos, han sido fundamentales para sancionar crímenes de lesa humanidad y garantizar reparaciones a las víctimas.
Sin embargo, sectores políticos, especialmente vinculados al fujimorismo, han cuestionado estas decisiones, calificándolas de «intrusivas» y «parciales». Esta percepción ha llevado a propuestas como la de denunciar el Pacto de San José, una medida que ya fue impulsada sin éxito en 1999 durante el régimen de Alberto Fujimori.
Impacto internacional y preocupaciones locales
Diversos organismos internacionales han expresado preocupación ante las intenciones del Congreso peruano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que una posible salida del Perú del sistema interamericano debilitaría la protección de derechos fundamentales en el país y enviaría una señal negativa a la comunidad internacional.
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A nivel local, defensores de derechos humanos, como el abogado Carlos Rivera Paz, consideran que estas propuestas tienen una motivación política. “Es un intento de blindar a figuras involucradas en violaciones de derechos humanos, especialmente en un contexto donde el Congreso busca debilitar instituciones de justicia”, señaló Rivera en diálogo con La República.
El próximo paso: debate en el Pleno
La insistencia para aprobar esta ley será debatida en el Pleno del Congreso en las próximas semanas, donde la coalición mayoritaria podría asegurar su ratificación.
Si se aprueba, el Ejecutivo deberá decidir si promulga la norma o acude al Tribunal Constitucional para cuestionar su constitucionalidad. Mientras tanto, el debate sobre los derechos humanos y la soberanía continúa dividiendo opiniones en el Perú.
Conclusión
La propuesta de reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos refleja una tensión creciente entre los compromisos internacionales del Perú y las posturas políticas internas. Aunque sus promotores argumentan que buscan fortalecer la soberanía nacional, sus críticos advierten que esta medida podría debilitar la protección de los derechos fundamentales, especialmente en un país con un historial de violaciones graves.
El desenlace de este debate será clave no solo para el futuro del sistema interamericano, sino también para el lugar del Perú en la comunidad internacional.