Un proyecto de ley que regula la muerte asistida fue aprobado inicialmente por el Parlamento del Reino Unido. La normativa tiene como objetivo permitir que las personas mayores de 18 años, diagnosticadas con enfermedades terminales y con una expectativa de vida inferior a seis meses, puedan optar a procedimientos de muerte asistida bajo supervisión médica. La propuesta se fundamenta en sistemas similares implementados en otros países, como el programa Dignitas en Suiza, y contempla la introducción de medidas de salvaguarda diseñadas para acreditar la capacidad mental y el consentimiento informado de los solicitantes.
Durante el debate parlamentario, que se extendió por cinco horas y contó con la intervención de 160 oradores, se discutió ampliamente la idoneidad del proyecto de ley frente al marco jurídico actual. Si bien hubo consenso en que las disposiciones vigentes no responden adecuadamente a las necesidades de los pacientes terminales y sus familias, las opiniones estuvieron divididas en cuanto a la conveniencia de implementar la regulación propuesta.
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Uno de los principales puntos de preocupación manifestados por varios parlamentarios fue el riesgo de coerción hacia los pacientes terminales, quienes podrían sentirse presionados a elegir la muerte asistida para aliviar la carga que representan para sus familias. La proponente del proyecto alego que las medidas de transparencia incluidas en el texto legislativo reducirían este riesgo, al someter el proceso a criterios estrictos y supervisión rigurosa.
Otra cuestión abordada durante el debate fue el posible impacto del proyecto sobre grupos vulnerables, como las personas con discapacidades. En este sentido, se enfatizó que el alcance de la ley se limita exclusivamente a pacientes terminales, excluyendo a quienes padezcan discapacidades, trastornos de salud mental o condiciones crónicas. No obstante, se plantearon inquietudes acerca de la potencial aplicación extensiva de la norma en el futuro.
Finalmente, se abordaron preocupaciones respecto a la posibilidad de que las salvaguardas inicialmente establecidas puedan ser erosionadas con el tiempo, ya sea por enmiendas legislativas o interpretaciones judiciales más amplias. Ante esta preocupación, se destacó la soberanía del Parlamento como garantía de que cualquier modificación a la norma requeriría su aprobación formal.
En el contexto actual, la legislación del Reino Unido penaliza cualquier forma de asistencia al suicidio, lo que «genera conflictos legales y emocionales significativos para las familias de pacientes terminales», según se ha señalado. En esta línea, el proyecto de ley busca establecer un marco regulatorio específico que brinde claridad y certidumbre jurídica en tales casos.