Planned Parenthood, empresa de salud reproductiva, y otros proveedores de atención médica interpusieron una demanda ante un tribunal en Arizona con el objetivo de invalidar la ley de este Estado que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de gestación. Esta acción legal se interpone tras la aprobación, el mes pasado, de una enmienda constitucional estatal que garantiza el derecho al aborto hasta la viabilidad del feto.
En la demanda, los actores solicitan al tribunal que emita una orden judicial que declare inconstitucional la prohibición de las 15 semanas y que asegure que no podrá ser aplicada ni por los futuros fiscales generales, ni por los fiscales locales, ni por la junta médica estatal.
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La prohibición de las 15 semanas había sido promulgada en 2022, en previsión de que la Corte Suprema de los Estados Unidos revocara el fallo Roe v. Wade de 1973. Tras la revocación, numerosos Estados liderados por gobiernos republicanos adoptaron leyes que restringen o prohíben el aborto.
“La Prohibición limita radicalmente la capacidad de las ciudadanas de Arizona de tomar sus propias decisiones autónomas sobre si continuar o no con un embarazo y tener un hijo, privándolos de su capacidad de acción, autonomía corporal y el derecho a controlar su propio futuro reproductivo, en violación de sus derechos bajo la Constitución de Arizona. Como se explica a continuación, la Prohibición no puede justificarse por ningún interés estatal imperioso”, señala la demanda.
“Desde que la Prohibición entró en vigencia en 2022, ha tenido consecuencias devastadoras en todo el estado, obligando a muchas ciudadanas a llevar a término sus embarazos y dar a luz contra su voluntad. Al hacerlo, la Prohibición inflige un daño grave e irreparable al bienestar físico, psicológico y digno de las arizonenses embarazadas, así como al de sus familias”, concluye la organización.