El Relator Especial sobre el derecho a la salud de las Naciones Unidas instó a Chile a realizar modificaciones a su Constitución con el objetivo de armonizar su marco normativo con los estándares internacionales de derechos humanos. Propuso que dichas modificaciones consagren el derecho a la salud como un derecho universal y vinculante, abarcando tanto el acceso a servicios médicos como la atención a prestaciones sociales, tales como vivienda, educación y alimentación.
El Relator Especial señaló la persistencia de desigualdades estructurales entre los sistemas de salud público y privado en Chile, con impactos significativos sobre grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo comunidades indígenas, migrantes y personas con identidades de género diversas. Se instó a priorizar la financiación pública y la promulgación de leyes destinadas a garantizar la atención universal, con especial énfasis en la integración del derecho a la salud en el marco jurídico chileno.
En relación con la salud sexual y reproductiva, se destacó que, si bien Chile ha despenalizado el aborto en casos específicos, las disposiciones actuales no cumplen plenamente con los estándares internacionales. El Relator subrayó la necesidad de implementar políticas que eliminen barreras como la objeción de conciencia excesiva y de garantizar la disponibilidad de servicios de aborto seguro en todo el territorio nacional. Asimismo, recomendó la adopción de directrices basadas en evidencia científica, como las emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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En el ámbito de la salud mental, el Relator identificó la necesidad de fortalecer los servicios comunitarios y aumentar la asistencia psicosocial para abordar la creciente demanda, agravada por la pandemia de COVID-19 y las “secuelas de eventos históricos del país”. También sugirió promover iniciativas legislativas orientadas a la salud mental en entornos educativos y garantizar el bienestar de los profesionales de la salud a través de medidas contra el agotamiento laboral.
Se resaltó la importancia de garantizar la participación ciudadana en los procesos de reforma legal, especialmente en la formulación de leyes relacionadas con la salud. La incorporación de disposiciones constitucionales sobre el derecho a la salud establecería una obligación legal para el Estado para crear un marco normativo más robusto y coherente con las obligaciones internacionales asumidas por Chile.
El informe final sobre estas observaciones será presentado durante el 59º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, programado para junio de 2025, y proporcionará recomendaciones adicionales para abordar los desafíos identificados.