La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha publicado su “Sexto Informe Provisional”, en el cual analiza las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en Ucrania durante el período comprendido entre junio y noviembre de 2024. El documento detalla un incremento significativo en las hostilidades y sus efectos sobre la población civil y las infraestructuras del país.
El informe hace referencia a un aumento de ataques sistemáticos y coordinados dirigidos a infraestructuras civiles críticas, entre ellas instalaciones energéticas y terminales de granos. Como resultado, se han producido apagones generalizados y un deterioro en el acceso a recursos esenciales, lo que agrava la situación en un contexto de inminente invierno. El informe resalta que la región de Donetsk (Este de Ucrania) es la más afectada, siendo escenario de intensos enfrentamientos que han resultado en un alto número de víctimas civiles.
En el contexto del conflicto, el informe documenta detenciones arbitrarias y presuntos actos de tortura en territorios bajo control de las fuerzas rusas. Según los testimonios recopilados, estos actos habrían sido utilizados para obtener confesiones, reprimir la disidencia o forzar la colaboración con las autoridades de ocupación. Asimismo, se han reportado ejecuciones de prisioneros de guerra y casos de violencia sexual relacionados con el conflicto, según testimonios de supervivientes.
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Además, el documento menciona prácticas como la imposición de la ciudadanía rusa y la modificación de programas educativos en zonas ocupadas, señalando estas acciones como contrarias a las “normas del derecho internacional aplicables a conflictos armados y territorios ocupados”. Estos hechos incluyen cambios en los contenidos curriculares con la intención de alinearlos con el sistema educativo de Rusia.
También aborda las consecuencias de los ataques a infraestructuras médicas y educativas, destacando el caso del hospital infantil Okhmatdyt en Kiev, que sufrió daños significativos como resultado de un ataque con misiles, con reportes de víctimas mortales y heridos entre médicos y pacientes.
Finalmente, la OSCE reitera la necesidad de que todas las partes en el conflicto respeten el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, enfatiza la importancia de adoptar mecanismos efectivos para investigar y sancionar las presuntas violaciones documentadas, con el fin de garantizar la rendición de cuentas conforme al derecho internacional.
“Más de 1000 días después del inicio de la ofensiva militar por parte de la Federación Rusa el 24 de febrero de 2022 , la situación en Ucrania sigue caracterizándose por el sufrimiento generalizado de la población civil y las violaciones documentadas del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos”, señala el informe.
“Los compromisos de la dimensión humana de la OSCE subrayan la obligación esencial de los Estados participantes de respetar e implementar sus responsabilidades vinculantes en el marco de tratados internacionales. Estas incluyen obligaciones establecidas por los Convenios de Ginebra y otros instrumentos jurídicos aplicables diseñados para proteger a los civiles y garantizar el cumplimiento de las normas humanitarias durante los conflictos armados”, concluye el documento.