Las reformas legales propuestas al sistema de nombramientos y gobierno judicial así como las modificaciones al sistema notarial y registral son los temas centrales que abordarán las y los fiscales judiciales del país en el encuentro anual que se desarrolló en dependencias de la Corte Suprema durante los días 18 y 19 de diciembre.

En la jornada de inauguración realizada el miércoles 18, participaron el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, el Fiscal Judicial del máximo tribunal y organizador del encuentro, Jorge Pizarro y el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Muñoz.

En la ocasión el presidente Ricardo Blanco destacó que esta reunión “es ejemplo de lo que se requiere: una instancia de reflexión donde podamos volver la mirada sobre los pasos dados, tomar nota de nuestros aciertos, aprender de los errores cometidos, y con ese acervo proyectarnos positivamente al futuro. Celebro que ustedes se reúnan y se dispongan a concentrar el ímpetu del intelecto respecto de las necesidades de la institución y los desafíos actuales y venideros”.

Sobre el proyecto de reforma constitucional relativo a gobierno judicial y sistema de nombramientos el presidente señaló que “se estructura sobre una base compuesta por tres ejes, que son:  la separación de algunas funciones administrativas que actualmente recaen en manos de la Corte Suprema; instauración de nuevos procedimientos de nombramientos de jueces; y novedosas formas de gestión de los conflictos de interés en el sistema judicial. Pongo de relieve, que en dos de esos puntos axiales la Fiscalía Judicial tendrá una participación importante. En el ámbito de la separación de funciones administrativas, pues se encomienda a los Fiscales de las Cortes la supervisión del correcto actuar de los jueces y funcionarios de todos los juzgados de la Nación, con excepción del Tribunal Constitucional, los de la justicia electoral y los otros tribunales que determine una ley orgánica constitucional, en consecuencia, será la Fiscalía Judicial la que se hará cargo de las investigaciones por faltas disciplinarias y de probidad y, eventualmente, formular acusación ante los tribunales competentes”.

“En la esfera de la resolución de controversias de relevancia jurídica, se encarga a la Fiscalía Judicial la evaluación de esta clase de conflictos, además, se la faculta para emitir dictámenes para su operatividad. En esta misma área, se busca perfilar a la Fiscalía como un órgano consultivo que evacúe respuestas sobre cómo proceder en situaciones en las que podría haber acciones mañosamente comprometidas”, agregó.

Por su parte el Fiscal Judicial de la Corte Suprema Jorge Pizarro hizo hincapié en que “entiendo que es necesario modernizar la Fiscalía, por ejemplo partiendo en que tenga una administración propia. Hoy en día ningún juez está preocupado de otorgar permisos, ni preocuparse de situaciones que son para otro tipo de ocupaciones o profesionales. Eso por un lado, y por el otro buscar también la posibilidad de establecer claramente cuáles son nuestras funciones y en realidad cuál es el poder de decisión que tenemos como lo dije al inicio de la actividad”.

La primera jornada contó con las exposiciones detalladas sobre los proyectos de ley y las propuestas alternativas sobre ellos por parte del subsecretario Muñoz y del exsenador y ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.

Los fiscales y fiscalas judiciales del país trabajaron además en comisiones relativas a estas normativas y a los cambios en el sistema disciplinario.

Para el día jueves está prevista una exposición del director de la Academia Judicial, Enrique Vargas, y el trabajo en comisiones sobre fiscalización y probidad, función disciplinaria y trabajo carcelario; además de la elaboración de las conclusiones finales.