El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acogió la demanda interpuesta contra Rusia por violar los derechos patrimoniales de un grupo de desplazados de la región de Abjasia (reclamada de facto por este país). Constató una violación a los artículos 1 del Protocolo núm. 1 (protección de la propiedad) y 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar), del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Los demandantes son dos ciudadanos rusos y cuatro ciudadanos georgianos que alegaron que, debido a las hostilidades que comenzaron en la región de Abjasia (Georgia), en 1992, huyeron de la región y que no que pudieron regresar posteriormente sus domicilios.
Varios de los demandantes fueron registrados en Georgia como personas desplazadas internamente. Debido a la imposibilidad de regresar a sus hogares, demandaron a Georgia y Rusia en estrados del TEDH.
En su análisis de fondo, el Tribunal observa que, “(…) los gobiernos demandados sostienen que estos demandantes no agotaron los recursos internos disponibles. No obstante, el hecho de que no hubieran registrado correctamente sus bienes, carece de pertinencia. En las circunstancias del caso, la posibilidad de que una acción de indemnización tuviera éxito era teórica. Además, no se ha informado de ningún caso en el que uno de los solicitantes haya logrado defender sus bienes situados en Abjasia mediante un recurso ante las autoridades pertinentes, ya sea en Georgia o en Rusia”.
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Agrega que, “(…) treinta años después del acuerdo de alto el fuego de 1994, las personas desplazadas, incluidas estos demandantes, siguen siendo incapaces de regresar a la región. Esto constituye una injerencia en su derecho al respeto de sus bienes. Estos demandantes no han podido objetivamente regresar a sus hogares, y ciertamente no hacerlo de manera segura, como indican claramente, en particular, las conclusiones de varias fuentes internacionales. Esta situación constituye una violación continua de su derecho a la protección de sus bienes”.
Comprueba que, “(…) Georgia ha hecho esfuerzos suficientes para recuperar el control del territorio. En cambio, el gobierno ruso, que ejerce un control efectivo sobre Abjasia, no ha justificado la injerencia cometida en el ejercicio por estos demandantes de sus derechos patrimoniales. Debería haber tomado medidas para proteger estos derechos, como establecer un mecanismo legal accesible y flexible. Sin embargo, no lo hizo. En consecuencia, la violación de los derechos de estos demandantes es atribuible a la Federación de Rusia y persistió desde el 5 de mayo de 1998 hasta el 16 de septiembre de 2022”.
El Tribunal concluye que, “(…) los demandantes no disponían de ningún recurso interno. No pudieron acceder al bien en cuestión al menos hasta el 11 de agosto de 2006, lo que constituye una violación de su derecho a la protección de sus bienes. Dado que Rusia ejerció control sobre Abjasia mediante el apoyo militar, económico y político que proporcionó durante este período (del 5 de mayo de 1998 al 11 de agosto de 2006), las violaciones son atribuibles a la Federación Rusa”.
Al tenor de lo expuesto, el Tribunal condenó a Rusia a pagar más de 100.000 euros a los demandantes por concepto de indemnización de perjuicios.