El Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, a través de sus miembros demócratas, presentó un informe en el que detalla que el juez Clarence Thomas, integrante de la Corte Suprema de los Estados Unidos, habría recibido durante su mandato múltiples obsequios de considerable valor, sin que estos fueran debidamente informados. Entre los hallazgos de una investigación de 20 meses se incluyen un vuelo privado a Saranac, Nueva York, y un viaje en yate a la ciudad de Nueva York, ambos ocurridos en 2021 y financiados por Harlan Crow, un empresario con intereses sustanciales. Los miembros republicanos del Comité no participaron en dicha investigación.
El informe se basa en el marco normativo que regula la conducta de los jueces federales, el cual estipula que deben abstenerse de intervenir en casos en los que existan conflictos de interés. Asimismo, las disposiciones legales prohíben aceptar bienes o servicios de personas que puedan beneficiarse directa o indirectamente de las decisiones oficiales del funcionario. De acuerdo con el documento, algunos de los donantes relacionados con los obsequios reportados mantenían litigios ante la Corte Suprema durante el periodo de referencia.
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El juez Thomas ha declarado que no incurrió en ninguna irregularidad, aduciendo que su interpretación previa de las normativas sobre hospitalidad personal no le obligaba a reportar determinados beneficios. No obstante, en junio, el magistrado presentó un informe complementario en el que incluyó viajes patrocinados por el empresario Crow, siguiendo aclaraciones recientes sobre las reglas de divulgación.
Por otro lado, el informe critica la actuación de la Conferencia Judicial de los Estados Unidos, encargada de establecer lineamientos éticos para el poder judicial. Según el documento, este órgano no habría aplicado de manera eficaz las directrices existentes, debilitando los estándares de supervisión y generando deficiencias en el monitoreo de la conducta judicial. Entre las recomendaciones, se sugiere reforzar las capacidades del organismo, endurecer los requisitos de divulgación financiera y adoptar medidas para garantizar una mayor supervisión ética.
El presidente del Comité Judicial del Senado, senador Dick Durbin, señaló la necesidad de establecer un código de conducta obligatorio y aplicable para la Corte Suprema. Sin embargo, dicho código no contempla mecanismos vinculantes de supervisión, lo que ha llevado a diversos legisladores a considerar acciones legislativas para fortalecer el régimen ético aplicable a los miembros del máximo tribunal del país.