La Corte Suprema del Reino Unido resolvió un caso clave que refuerza las garantías procesales en el contexto de la lucha contra el terrorismo. Rechazó el recurso del ministro del Interior contra un fallo que ordenaba brindar acceso a un ciudadano británico, identificado como QX, a las pruebas utilizadas para imponerle una Orden de Exclusión Temporal (OET).
QX había residido en Siria entre 2014 y 2018, período en el que el gobierno lo vinculó con actividades terroristas basándose en información confidencial. En 2018, el Tribunal Superior aprobó la imposición de una OET que limitó el derecho de QX a ingresar al Reino Unido y le impuso estrictas obligaciones, como presentarse diariamente ante la policía y asistir a citas de rehabilitación.
Noticia Relacionada
El demandante argumentó que estas medidas vulneraban su derecho al respeto a la vida privada y familiar, garantizado por el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, y su derecho a un proceso equitativo. El Tribunal de Apelaciones falló a favor de QX, determinando que el artículo 6.1 de la Convención era aplicable tanto a la revisión de las obligaciones como a la imposición de la OET.
La Corte Suprema confirmó esta decisión, enfatizando que las pruebas contra QX debían revelarse para garantizar un juicio justo. Resaltó que la OET y las obligaciones asociadas estaban intrínsecamente vinculadas, y tratar los procedimientos por separado se habrían debilitado significativamente las garantías procesales del demandante.
La decisión subraya la importancia de equilibrar la seguridad nacional con la protección de los derechos fundamentales, reafirmando el rol central del debido proceso en un Estado de Derecho.