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imagen: millermagazine.com
Dinero recaudado se destinará a aminorar el cambio climático.

Ley que impone millonarias multas a empresas que dañen el medio ambiente, se aprueba en Nueva York.

Los recursos recaudados mediante este mecanismo se destinarán a financiar proyectos prioritarios para la adaptación climática, tales como, la modernización de infraestructuras críticas, sistemas de refrigeración de alta eficiencia energética, programas relacionados con los efectos del cambio climático en la salud pública, y la restauración de ecosistemas naturales como humedales.

2 de enero de 2025

La gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, promulgó la “Ley del Superfondo para el Cambio Climático”, que otorga al gobierno estatal la facultad de imponer sanciones económicas a las empresas de combustibles fósiles. Los recursos obtenidos mediante dichas sanciones se destinarán a la creación de un fondo especial destinado a financiar reparaciones e infraestructuras por daños causados por el cambio climático.

La normativa establece un programa de recuperación de costos de adaptación climática que se financiará con las aportaciones de las empresas reguladas. Se estima que el fondo recaudará aproximadamente 75 mil millones de dólares durante un período de 25 años. Dicho monto se utilizará para afrontar los gastos asociados a la “mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático”, que según proyecciones estatales, podría costar a los contribuyentes miles de millones de dólares en los próximos años.

En el texto de la ley se reconoce que el cambio climático es resultado, en su mayoría, de la combustión de combustibles fósiles, citándose como antecedente iniciativas similares a nivel estatal y federal para abordar daños ambientales, tales como los superfondos para residuos peligrosos y derrames de petróleo. Las disposiciones de esta ley establecen un régimen de responsabilidad estricto para las empresas que hayan contribuido significativamente a la emisión de gases de efecto invernadero, determinando su contribución con base en la proporción histórica de emisiones atribuibles a sus productos.

El ámbito temporal de aplicación de esta normativa abarca el período comprendido entre los años 2000 y 2018, durante el cual se considera que existía un amplio consenso científico sobre los efectos del cambio climático. La normativa no exige que las empresas demuestren dolo o negligencia, limitándose a establecer su responsabilidad en función del impacto de sus productos en el medio ambiente.

Así, los recursos recaudados mediante este mecanismo se destinarán a financiar proyectos prioritarios para la adaptación climática, tales como la modernización de infraestructuras críticas, sistemas de refrigeración de alta eficiencia energética, programas relacionados con los efectos del cambio climático en la salud pública, y la restauración de ecosistemas naturales como humedales.

Vea texto de la ley.

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