El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) confirmó la resolución de la Unión Europea que impuso medidas restrictivas a dos líderes políticos por cometer acciones desestabilizadoras en Moldavia (Estado del este de Europa), relacionados con Rusia. Dictaminó que estos actos, que buscaban obstaculizar la adhesión del país a la Unión Europea, se enmarcan en la política exterior y de seguridad común de la Unión (PESC), que permite al bloque europeo adoptar medidas contra quienes socaven la democracia.
En el marco de las medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea para sancionar acciones consideradas desestabilizadoras en Moldavia, el Consejo de la Unión incluyó, en 2023 y mantuvo en 2024, a Ilan Mironovich Shor, exlíder del partido político ȘOR, y a Marina Tauber, exvicepresidenta del mismo partido, en las listas de personas y entidades sancionadas. Según el Consejo, esta inclusión se basó en su participación en la organización de manifestaciones violentas que comprometieron la soberanía, la independencia y la estabilidad de Moldavia.
No obstante, los sancionados impugnaron esta decisión ante El TGUE, solicitando su anulación por falta de fundamento jurídico. Asimismo, reclamaron una indemnización por daño moral al considerar que las medidas impuestas en su contra vulneraron sus derechos fundamentales y que causaron un impacto desproporcionado en su esfera personal y profesional.
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En su análisis de fondo, el Tribunal observa que, “(…) los actos jurídicos controvertidos se ubican en el marco de la política exterior y de seguridad común de la Unión (PESC): la organización, dirección o participación en manifestaciones violentas u otros actos de violencia pueden justificar una acción de la Unión en ese ámbito para consolidar y apoyar la democracia y el Estado de Derecho en un país tercero”.
Comprueba que, “(…) en 2022 y en 2023 el partido ȘOR, bajo la dirección del Sr. Shor y de la Sra. Tauber, organizó manifestaciones y reuniones violentas, principalmente en la capital, Chișinău, con la ayuda de manifestantes seleccionados, formados y remunerados por ese mismo partido. En ese contexto, la intención de los organizadores era que participaran en esas manifestaciones determinadas personas de un perfil específico que pudieran causar trastornos y agitación durante su transcurso, con el fin de intimidar al Gobierno”.
Agrega que, “(…) por otra parte, las manifestaciones violentas en cuestión se organizaron en interés y con la ayuda de Rusia, de modo que se sitúan exactamente en el marco de las acciones de desestabilización contra el Gobierno moldavo a las que pretenden responder las medidas restrictivas en cuestión”.
El Tribunal concluye que, “(…) la disolución del partido ȘOR no basta por sí sola para que queden obsoletas las medidas restrictivas adoptadas contra el Sr. Shor y la Sra. Tauber, ya que ellos siguen siendo capaces de organizar o dirigir en Moldavia manifestaciones violentas u otros actos de violencia, o de participar en ellos”.
Al tenor de lo expuesto, el Tribunal confirmó la resolución impugnada y desestimó el recurso en todas sus partes.
Vea sentencia Tribunal General de la Unión Europea T‑489.23.