El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un escrito de amicus curiae ante la Corte Suprema para solicitar la suspensión de la fecha límite establecida en la ley que ordena la desinversión de TikTok, prevista para el 19 de enero de 2025. En la solicitud, redactada por el candidato de Trump para el cargo de procurador general, el presidente electo aduce que la suspensión permitiría abordar el asunto mediante mecanismos políticos durante el inicio de su administración. Trump no manifestó una postura explícita sobre los méritos de la disputa legal subyacente.
La ley en cuestión, promulgada en abril de 2024 por el presidente Joe Biden tras su aprobación bipartidista en el Congreso, exige que la plataforma TikTok se separe de su empresa matriz, ByteDance, con sede en China. En caso de incumplimiento, ordena la prohibición de la aplicación en territorio estadounidense. La normativa fue adoptada como una medida de prevención ante posibles riesgos a la seguridad nacional asociados con la estructura corporativa de TikTok.
Por su parte, TikTok y ByteDance impugnaron la ley, alegando que constituye una violación de la Primera Enmienda al restringir de manera indebida la libertad de expresión. Según las empresas, la medida se basa en riesgos especulativos sobre una posible interferencia del gobierno chino en las operaciones de la plataforma, sin que existan evidencias concretas que sustenten dichas preocupaciones.
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El gobierno de los Estados Unidos defendió la validez de la normativa, alegando que la integración de TikTok con ByteDance y la dependencia de la aplicación en tecnología desarrollada en China representan riesgos inherentes para la seguridad nacional. Aunque no se han presentado pruebas de intentos específicos por parte del gobierno chino para acceder a información de los usuarios estadounidenses o manipular contenidos, la administración demostró que la estructura corporativa de ByteDance podría facilitar tal interferencia en el futuro.
El caso será revisado por la Corte Suprema, que ha programado la audiencia de argumentos orales para el 10 de enero de 2025. En esta instancia, se determinará si la ley de desinversión contraviene las disposiciones constitucionales relacionadas con la libertad de expresión y si las medidas adoptadas se justifican por los riesgos alegados por el gobierno.
“El presidente Trump no toma posición sobre los méritos subyacentes de esta disputa. En cambio, solicita respetuosamente que la Corte considere suspender la fecha límite de la Ley para la desinversión del 19 de enero de 2025, mientras analiza los méritos de este caso, lo que permitiría a la administración entrante del presidente Trump la oportunidad de buscar una resolución política de las cuestiones en disputa en el caso”, concluye el documento presentado.