La moción, patrocinada por los senadores Iván Flores, Manuel José Ossandón, Kenneth Pugh y Gastón Saavedra, junto a la senadora Paulina Núñez, propone suprimir el artículo 126 bis de la Constitución Política de la República y agregar un nuevo capítulo, a continuación del artículo 161.
La iniciativa expone que la Constitución Política no define ni reconoce adecuadamente el territorio nacional en su totalidad, incluyendo el espacio aéreo, marítimo y terrestre, así como la soberanía tricontínental del país, por lo que se hace imperativo abordar esta omisión.
Agregan que la falta de un reconocimiento geoestratégico con rango constitucional limita el desarrollo y la planificación de estrategias para nuestros territorios insulares y especiales, perpetuando una visión cortoplacista que no contempla la proyección estratégica a largo plazo de nuestra nación.
En ese contexto sostienen que es esencial desarrollar y regular de manera efectiva el territorio marítimo, e incorporar la expresión «de jurisdicción nacional» para reflejar la variabilidad de dicha jurisdicción en función de la distancia a la costa. En las diversas áreas marítimas bajo jurisdicción chilena, existen derechos, deberes e intereses que abarcan no solo el mar, el suelo y el subsuelo, sino también la Alta Mar, donde el Derecho Internacional Marítimo otorga a Chile competencias para ejercer derechos de libre navegación, comercio, pesca, y más.
Refieren que es fundamental elevar a rango constitucional los límites del territorio nacional, abarcando no solo los límites terrestres, sino también los aéreos y marítimos, con sus respectivos grados de jurisdicción. Esto ratificará los tratados de límites vigentes con Perú, Bolivia y Argentina, fortaleciendo nuestra posición ante cuestionamientos actuales o futuros.
Concluyen que se debe reconocer que el territorio del Estado de Chile es inalienable, lo que implica que ninguna parte de nuestro territorio, ya sea continental, insular, marítimo o aéreo, puede ser enajenada a otro país bajo ninguna forma de negociación, cesión o venta, requiriendo para ello una reforma constitucional. Este principio es esencial para salvaguardar la integridad territorial y la soberanía de nuestra nación.
En base a esos fundamentos, la moción propone suprimir el actual artículo 126 bis de la Constitución, e incorporar el siguiente capítulo, nuevo, a continuación del artículo 161, del siguiente tenor:
“CAPÍTULO XVII
Territorio Nacional
Artículo 162.- El territorio del Estado de Chile se encuentra conformado indivisamente por sus territorios continentales e insulares en América, Oceania y la Antártica, por su espacio aéreo y por sus espacios marítimos.
El espacio marítimo nacional donde Chile ejerce soberanía y jurisdicción, incluye el mar, suelo y subsuelo marinos, y en especial las aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental jurídica y la plataforma continental extendida, que se proyectan desde los territorios continentales e insulares, conforme a la legislación nacional, junto con todos los demás espacios marítimos que le correspondan en conformidad con el Derecho Internacional.
Los límites del territorio nacionales se encuentran establecidos en los decretos y leyes de la República, en los tratados internacionales vigentes y en el Derecho Internacional.
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Artículo 163.- Son territorios especiales los correspondientes a Isla de Pascua y al Archipiélago Juan Fernández. El Gobierno y Administración de estos territorios se regirá por los estatutos especiales que establezcan las leyes orgánicas constitucionales respectivas.
Los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde cualquier lugar de la República, garantizados en el numeral 7° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, se ejercerán en dichos territorios en la forma que determinen las leyes especiales que regulen su ejercicio, las que deberán ser de quorum calificado.
Artículo 164.- El territorio del Estado de Chile es inalienable.”
El proyecto de ley, que se encuentra en primer trámite constitucional, pasó para su estudio a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.