La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó con satisfacción la reciente decisión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien el 23 de diciembre de 2024 conmutó las penas de muerte de 37 personas en el corredor de la muerte federal. Estas condenas fueron reclasificadas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Entre los beneficiarios se encuentran cuatro personas protegidas por medidas cautelares emitidas por la CIDH, incluidos Julius O. Robinson y Jurijus Kadamovas, cuyos casos habían sido objeto de informes de fondo.
A pesar de este avance, la CIDH expresó su profunda preocupación por las 25 ejecuciones llevadas a cabo a nivel estatal en 2024, según datos del Death Penalty Information Center (DPI). Estas ejecuciones tuvieron lugar en nueve estados del país, aunque ninguna ocurrió en el ámbito federal. Además, más de 2.100 personas permanecen en el corredor de la muerte en Estados Unidos, muchas de ellas en condiciones inhumanas, incluyendo largos periodos en celdas de aislamiento.
La Comisión recordó que desde 1976, se han realizado 1.607 ejecuciones en Estados Unidos, de las cuales 16 fueron de carácter federal. En 2024, la CIDH condenó específicamente la ejecución de Kenneth E. Smith en Alabama mediante hipoxia de nitrógeno, marcando la primera vez que este método fue utilizado, y la de Richard Moore, beneficiario de medidas cautelares por parte de la CIDH.
Estados Unidos sigue siendo el único país del hemisferio occidental que mantiene la pena de muerte en práctica activa, en contraste con la mayoría de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han abolido esta sanción o implementado moratorias. La CIDH subrayó que la pena capital implica el riesgo de ejecutar a personas inocentes, refleja arbitrariedad en su aplicación y está acompañada de un trato inhumano para quienes esperan su ejecución.
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En su informe «La pena de muerte en el sistema interamericano de derechos humanos: De restricciones a abolición», la CIDH recomendó a Estados Unidos avanzar hacia la eliminación de esta sanción o, como paso intermedio, implementar moratorias a las ejecuciones. Asimismo, reiteró la necesidad de asegurar el cumplimiento de estrictos estándares del debido proceso en casos que involucren la pena capital.
Finalmente, la CIDH instó al gobierno estadounidense a ratificar el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, fortaleciendo así la protección del derecho a la vida y alineándose con los estándares internacionales de derechos humanos.