Ucrania se ha convertido en el 125º Estado parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), tras completar el proceso de ratificación. Esta adhesión otorga a Ucrania plenos derechos en el marco de la CPI, incluyendo la posibilidad de participar en decisiones relacionadas con su presupuesto y enmiendas al Estatuto, así como la facultad de colaborar en investigaciones y procesos judiciales de crímenes internacionales definidos en dicho tratado.
El proceso legislativo culminó con la aprobación del Estatuto de Roma por parte del parlamento ucraniano en agosto de 2024. Posteriormente, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, promulgó la ley el 24 de agosto, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Independencia. La ratificación implica la incorporación formal de las disposiciones del estatuto al marco jurídico nacional, permitiendo la persecución de crímenes internacionales, como el genocidio y los crímenes de guerra, de conformidad con los estándares establecidos por el CPI.
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En virtud de la ratificación, Ucrania invocó una disposición transitoria que restringe la competencia del CPI sobre los crímenes de guerra cometidos por sus nacionales durante un período de siete años. Este mecanismo, contemplado en el Estatuto de Roma, permite a los Estados establecer limitaciones temporales a ciertas jurisdicciones como parte de su proceso de adhesión.
El Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998 en una conferencia diplomática de las Naciones Unidas, constituye el marco fundacional del CPI y establece su competencia sobre los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Entró en vigor el 1 de julio de 2002 tras alcanzar el umbral de ratificaciones requeridas. La CPI asume competencia cuando las jurisdicciones nacionales no pueden o no quieren llevar a cabo investigaciones o procesos judiciales sobre los crímenes mencionados.
Con esta ratificación, Ucrania se adhiere formalmente a un tratado internacional que busca garantizar la rendición de cuentas por crímenes graves y promover la cooperación internacional en materia de justicia penal. Según lo señalado, «refuerza el marco legal ucraniano para abordar las violaciones del derecho internacional, alineándolo con los principios y estándares establecidos por la comunidad internacional».