Un juez de Nueva York (Estados Unidos) ha fijado para el 10 de enero la fecha en la que el presidente electo Donald Trump deberá comparecer para la dictación de su sentencia, en un caso sobre la presunta comisión de delitos de soborno. En su resolución, el juez desestimó la moción presentada por la defensa de Trump, que argumentaba la aplicación de la inmunidad presidencial y otros fundamentos legales para anular el procedimiento penal en su contra.
La defensa invocó la doctrina de inmunidad presidencial, la Ley de Transición Presidencial y la Cláusula de Supremacía, alegando que estos principios demandan minimizar las perturbaciones durante el periodo de transferencia del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el juez determinó que dichas protecciones no se extienden a un presidente electo, pues el estatus oficial solo se adquiere tras prestar juramento.
Asimismo, concluyó que la continuación del proceso no afectará sustancialmente la capacidad de Trump para ejercer sus funciones, ya que el caso ha avanzado más allá de la fase inicial y la imposición de la sentencia recae exclusivamente en el tribunal.
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En relación con la moción presentada conforme al artículo 210.40 de la Ley de Procedimiento Penal de Nueva York, conocida como moción Clayton, el juez también resolvió que no procedía la desestimación de la acusación. Tras evaluar las alegaciones de la defensa, consideró que la medida no resultaba adecuada para equilibrar los intereses de permitir que el presidente electo desempeñe sus funciones, garantizar la igualdad ante la ley y preservar la validez del veredicto emitido por el jurado. En este sentido, subrayó que una sentencia expedita permitirá a Trump presentar una apelación en los tiempos establecidos.
El caso se originó en 2024, cuando un gran jurado declaró a Trump culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado. La fiscalía presentó pruebas que sostenían que los pagos realizados por Trump formaban parte de un plan para suprimir información que podría haber perjudicado su campaña electoral de 2016.
La sentencia ha sido postergada en tres ocasiones, inicialmente en septiembre, para abordar los argumentos de inmunidad presidencial; posteriormente en noviembre, para evitar posibles influencias sobre el proceso electoral; y finalmente de manera indefinida tras la elección de Trump como presidente. El juez concluyó que la imposición de la sentencia antes de su toma de posesión, prevista para el 20 de enero, no generará interferencias indebidas en las responsabilidades constitucionales del acusado.