La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que modifica las disposiciones legales que reglan la detención de inmigrantes acusados de ciertos delitos. En específico, el proyecto de ley establece la obligatoriedad de la detención por parte de las autoridades federales de inmigración de aquellos individuos que hayan ingresado al país de manera ilegal y sean acusados de robo, incluyendo hurto y robo en tiendas. Las disposiciones amplían la lista de delitos por los cuales se requiere detención obligatoria, que previamente incluía crímenes como el asesinato y el abuso sexual.
La votación del proyecto de ley fue de 264 votos a favor y 159 en contra, con el respaldo de 48 miembros demócratas que se unieron a la mayoría republicana. Tres representantes republicanos y ocho demócratas no participaron en la votación. Así, los legisladores manifestaron un apoyo bipartidista en virtud de la preocupación por los delitos relacionados con la inmigración.
El proyecto de ley, conocido como HR29, lleva el nombre de Laken Riley, una ciudadana que fue asesinada en Georgia, en 2024. El autor del delito fue un inmigrante venezolano que había ingresado al país sin documentación legal y tenía antecedentes por hurto en tiendas. El caso fue citado como justificación para la propuesta de ley por parte de sus promotores.
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La legislación incluye una disposición que otorga a los fiscales generales estatales la capacidad de iniciar acciones legales contra las autoridades federales de inmigración si consideran que no se están cumpliendo los nuevos requisitos de detención. Los Estados podrán presentar demandas en tribunales federales al demostrar un perjuicio de al menos 100 dólares. Así, la cláusula introduce un mecanismo de supervisión adicional por parte de los Estados federales.
Además, el proyecto de ley establece que la detención de personas acusadas de estos delitos será obligatoria, eliminando la posibilidad de solicitar la liberación bajo fianza durante el proceso de deportación. Este cambio implica una modificación en los procedimientos actuales relacionados con la detención y deportación de inmigrantes en situación irregular acusados de ciertos delitos penales.
El proyecto de ley se enmarca en un contexto en el cual se anticipa una aplicación más estricta de las políticas de inmigración por parte de la administración federal, con énfasis en la reducción de los programas de libertad condicional humanitaria y un aumento en las operaciones de deportación, según lo anunciado por el presidente electo, Donald Trump.