Irlanda presentó formalmente una declaración de intervención ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso iniciado por Sudáfrica contra Israel, relacionado con presuntas violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio por la situación en Gaza.
En su declaración, Irlanda se refirió a los eventos ocurridos el 7 de octubre de 2023, haciendo referencia a los ataques perpetrados por Hamás contra Israel y solicita la liberación inmediata de los rehenes secuestrados durante el ataque. El Estado subrayó la importancia de la Convención sobre el Genocidio en la protección de los intereses fundamentales de la humanidad.
Irlanda destacó la relevancia de los artículos I a VI de la Convención sobre el Genocidio para el procedimiento en curso, proporcionando su interpretación de disposiciones clave, incluida la prohibición del genocidio como una norma imperativa del derecho internacional. Además, subrayó la necesidad de asegurar la aplicación uniforme de la Convención entre los Estados parte.
En el caso presentado por Sudáfrica, titulado Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica contra Israel), se alega que Israel ha incumplido sus obligaciones en virtud de la Convención en relación con la población palestina en Gaza. Sudáfrica solicitó medidas provisionales para proteger los derechos de los palestinos y prevenir daños adicionales.
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Irlanda, al intervenir en virtud del artículo 63 del Estatuto de la CIJ, se une a otros Estados, como Colombia, Bolivia y Nicaragua, en el procedimiento. La intervención de Irlanda se limita a proporcionar observaciones sobre la interpretación de la Convención sobre el Genocidio, sin convertirse en parte litigante en el caso.
La CIJ ha solicitado a Sudáfrica e Israel que presenten sus observaciones escritas sobre la intervención de Irlanda, conforme al artículo 83 del Reglamento de la Corte.
“Para establecer la responsabilidad del Estado por genocidio no es necesario demostrar que los órganos del Estado o las personas o entidades facultadas para ejercer autoridad gubernamental tenían una intención específica en el sentido penal (y según el criterio penal). Más bien, se debe poder aportar pruebas de una política, un plan o una campaña en ese contexto más amplio. Irlanda sostiene que, a falta de pruebas directas de una política o una campaña, este elemento del acto internacionalmente ilícito de genocidio puede establecerse mediante la consideración de pruebas indirectas o circunstanciales”, señala Irlanda.
“En opinión de Irlanda, al examinar si una pauta de conducta puede proporcionar pruebas indirectas o circunstanciales de un plan o campaña genocida, es que es esencial evaluar si las consecuencias previsibles y probables de la conducta en cuestión conducirán a la destrucción total o parcial del grupo protegido. Cuando dicha destrucción sea el resultado razonablemente previsible, será un fuerte indicador de la existencia de un plan o campaña genocida, como lo será el hecho de que no se detenga o impida la continuación de la conducta en cuestión”, concluye el texto.