El presidente electo Donald Trump presentó una solicitud ante la Corte Suprema de Estados Unidos para suspender los procedimientos penales relacionados con un caso de pagos para «comprar silencios». Fundó su petición en la necesidad de esperar la resolución de una apelación interlocutoria en la que alega inmunidad presidencial. La solicitud aduce que las cuestiones involucradas en el caso son trascendentales y plantean interrogantes sin precedentes sobre los límites de los poderes presidenciales.
Entre los motivos expuestos, el escrito señala una probabilidad razonable de que la Corte Suprema conceda la revisión judicial (certiorari). Los puntos centrales incluyen el derecho a una suspensión automática de los procedimientos penales durante la tramitación de una apelación sobre inmunidad, la legalidad de admitir actos oficiales como prueba y el alcance de la inmunidad presidencial para un presidente electo, en contraste con un presidente en funciones.
El escrito analiza, además, dos aspectos clave. En primer lugar, cuestiona la admisión de actos oficiales de Trump como presidente en el proceso penal, alegando que dicha práctica podría contravenir los principios establecidos en el caso Trump v. Estados Unidos. En este contexto, se recuerda que una solicitud presentada para anular el veredicto del jurado fue desestimada por el tribunal de primera instancia. Según la solicitud, esta decisión habría sido errónea y merecería una revisión para garantizar la correcta aplicación de la ley.
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En segundo lugar, se plantea si la inmunidad que protege a un presidente en funciones frente a procesos penales puede extenderse a un presidente electo durante el período de transición. El tribunal de primera instancia ya había rechazado esta interpretación, argumentando que la inmunidad presidencial no aplica fuera del ejercicio formal del cargo. Sin embargo, la solicitud presentada ante la Corte Suprema sostiene que dicha conclusión es incorrecta y que requiere ser revisada para clarificar los alcances de la doctrina de inmunidad.
La petición también incluye una solicitud de suspensión de emergencia para detener los procedimientos penales en el tribunal estatal de Nueva York, incluyendo la audiencia de sentencia programada para el 10 de enero. En este contexto, el escrito cita como autoridad la doctrina derivada de Trump v. United States, afirmando que la apelación presentada debe generar automáticamente la suspensión de las actuaciones en curso.
El caso ha enfrentado varios aplazamientos desde mayo de 2024, cuando el expresidente fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Estos retrasos se han debido en parte a la consideración de los méritos de su apelación mientras se desarrollaba la campaña presidencial. Así, la resolución de la Corte que falle la solicitud determinará si el proceso penal se suspende hasta que el tribunal de apelaciones emita su decisión sobre las cuestiones de inmunidad.