La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe titulado Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral. El documento expone, en tres etapas, cómo el régimen venezolano ha utilizado mecanismos represivos para limitar la participación política de la oposición, obstruir una contienda electoral justa y sembrar miedo entre la ciudadanía, con el objetivo de perpetuarse en el poder.
Estrategia represiva en tres fases
En la primera etapa, correspondiente al período preelectoral, el informe detalla que el régimen utilizó instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para obstaculizar la participación de la oposición. Esta estrategia incluyó detenciones arbitrarias de opositores, defensores de derechos humanos y líderes sociales, además de la inhabilitación de figuras clave de la oposición.
Durante la segunda fase, correspondiente al día de las elecciones presidenciales del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió la transmisión de los resultados y se negó a publicar las actas de votación, lo que generó denuncias masivas de fraude electoral. La oposición recopiló el 83,5% de las actas a nivel nacional y aseguró que los resultados mostraban el triunfo de Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro.
En la tercera etapa, posterior a los comicios, el régimen intensificó la represión contra las protestas por el presunto fraude electoral. Según el informe, fuerzas de seguridad y grupos civiles de choque reprimieron violentamente más de 300 manifestaciones, en una operación conocida como «Operación Tun Tun», que dejó al menos 25 muertos, más de 2 mil detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y actos sistemáticos de tortura.
Conclusiones y recomendaciones de la CIDH
El informe concluye que las elecciones del 28 de julio no cumplen con los estándares mínimos de legitimidad democrática y configuran una alteración del orden constitucional. Señala que la cooptación de las instituciones estatales, la corrupción y la impunidad han permitido al régimen actuar sin restricciones, afectando gravemente los derechos humanos y los derechos políticos de los venezolanos.
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La CIDH recomienda al régimen cesar la persecución política, liberar a los detenidos arbitrariamente y restablecer el orden constitucional mediante la independencia de los poderes públicos. También insta a realizar una auditoría electoral independiente con observación internacional y a garantizar la transparencia en futuros procesos electorales.
Llamado a la comunidad internacional
Finalmente, la CIDH reafirma su compromiso con el pueblo venezolano y exhorta a la comunidad internacional a reconocer la crisis de derechos humanos en Venezuela, mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas y activar canales diplomáticos para el retorno de la democracia al país.
Vea Informe Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral.