El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó que las acciones tomadas por una comisión parlamentaria de investigación en Italia contra una asociación masónica violaron el derecho a la privacidad, protegido por el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El caso se remonta a 2017, cuando una comisión parlamentaria encargada de investigar la relación entre la mafia y la masonería ordenó la búsqueda y confiscación de documentos en las instalaciones del Grande Oriente de Italia, una importante asociación masónica. La orden incluyó la incautación de datos personales de más de 6,000 miembros, abarcando un periodo de 27 años, sin justificar de manera específica su alcance.
La asociación se había negado previamente a proporcionar la lista de sus miembros, argumentando la necesidad de proteger la confidencialidad y los datos personales. Sin embargo, la comisión procedió con la intervención, lo que resultó en la incautación de documentos tanto físicos como digitales.
Un acto desproporcionado y arbitrario
El TEDH concluyó que esta medida era desproporcionada y no cumplía con los principios de legalidad ni proporcionalidad exigidos en una sociedad democrática. Además, destacó la ausencia de control judicial previo o posterior sobre la orden de búsqueda, lo cual constituye una violación al Estado de derecho y a las garantías contra la arbitrariedad.
La Corte subrayó que, si bien los parlamentos nacionales tienen autonomía en sus investigaciones, esta no puede ser absoluta ni estar exenta de salvaguardias legales adecuadas. Las medidas tomadas contra la asociación excedieron lo necesario y representaron una interferencia injustificada con el derecho a la privacidad de sus miembros.
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Implicaciones del fallo
El fallo del TEDH resalta la importancia de garantizar el equilibrio entre la autonomía parlamentaria y el respeto por los derechos fundamentales, como la privacidad. El tribunal recordó que incluso en investigaciones sobre temas sensibles, como la lucha contra la mafia, las acciones estatales deben ajustarse a los estándares legales y proteger a los ciudadanos contra abusos.
Este fallo establece un precedente significativo para casos similares en Europa, reforzando el principio de que la privacidad y la proporcionalidad son pilares fundamentales en la protección de los derechos humanos en contextos democráticos.