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Estados Unidos.

Fiscal especial publica informe final que expone conclusiones sobre la investigación contra Donald Trump en caso de interferencia electoral.

El informe aclara que, conforme a lo dispuesto por la Constitución de los Estados Unidos, un presidente en funciones no puede ser procesado penalmente. No obstante, señala que las pruebas recopiladas eran, a juicio de la Fiscalía, suficientes para sustentar una acusación y obtener una condena en juicio.

16 de enero de 2025

El fiscal especial, Jack Smith, publicó un informe que detalla los fundamentos legales que sustentaron el proceso por interferencia electoral en contra del presidente electo Donald Trump. Dicho informe, publicado casi dos meses después de que se retiraran los cargos federales en su contra, explica las decisiones adoptadas a lo largo del proceso y resume el desarrollo de los acontecimientos hasta su conclusión, motivada por la elección de Trump como presidente en 2024.

En el documento, el fiscal aduce que los cargos contra Trump se basaron en el interés nacional de garantizar elecciones legítimas y la transición pacífica del poder. Según se expone, Trump habría formulado deliberadamente declaraciones falsas sobre un presunto fraude electoral tras los comicios de 2020, lo cual, de acuerdo con la Fiscalía, buscaba subvertir el proceso democrático.

Asimismo, se detalla que estos hechos habrían contribuido al ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 y a la proliferación de amenazas dirigidas a los trabajadores electorales y agentes de la Policía del Capitolio.

Smith subraya en su informe que las actuaciones de su oficina se llevaron a cabo conforme a las políticas establecidas por el Departamento de Justicia para procesos judiciales en años electorales, con el fin de reducir al mínimo cualquier impacto sobre los resultados de las elecciones. De este modo, se justifica la presentación de los cargos en 2023, más de un año antes de los comicios presidenciales de 2024.

El informe también aclara que, conforme a lo dispuesto por la Constitución de los Estados Unidos, un presidente en funciones no puede ser procesado penalmente. No obstante, señala que las pruebas recopiladas eran, a juicio de la Fiscalía, suficientes para sustentar una acusación y obtener una condena en juicio.

Finalmente, Smith asume la responsabilidad exclusiva por las decisiones adoptadas durante el proceso y niega que dichas acciones hayan sido influenciadas por actores políticos externos, incluida la administración del presidente Joe Biden. En una comunicación dirigida al fiscal general Merrick Garland, Smith destaca que actuar de manera diferente habría implicado incumplir con los deberes inherentes a su cargo como servidor público.

Vea informe del fiscal.

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