La Corte Suprema de Estados Unidos decidió no admitir a trámite las apelaciones presentadas por varias compañías petroleras, entre ellas Sunoco y Shell, en el marco de demandas por responsabilidad civil deducidas en su contra. Estas compañías alegaban que las acciones judiciales promovidas por la ciudad de Honolulu (Hawái) y otros municipios infringían principios constitucionales y doctrinas legales federales.
Las compañías apelantes sostuvieron que las demandas estatales vulneraban la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, al intentar regular de manera indirecta las emisiones de gases de efecto invernadero mediante leyes de responsabilidad civil locales.
Alegaron que dicha regulación cae exclusivamente bajo la competencia del gobierno federal, conforme a la Ley de Aire Limpio y a precedentes judiciales como el caso City of New York v. Chevron Corp, en el que se concluyó que la legislación estatal no puede utilizarse como instrumento para abordar cuestiones relacionadas con las emisiones.
Asimismo, citaron el caso International Paper Co. v. Ouellette, que establece que las demandas por emisiones solo pueden ser interpuestas en la jurisdicción donde se originan dichas emisiones. En consecuencia, adujeron que las demandas presentadas excedían la jurisdicción estatal y contravenían normas federales y tratados internacionales aplicables a cuestiones ambientales de carácter transfronterizo.
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Por su parte, los demandantes afirmaron que las acciones judiciales no buscaban regular directamente las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que se centraban en la supuesta negligencia de las empresas en no advertir al público y a las autoridades sobre los posibles impactos ambientales de dichas emisiones.
Según su argumentación, la conducta reprochada, que incluye campañas de desinformación y el ocultamiento de información, se distingue de los actos directamente vinculados a la emisión de gases. En este sentido, sostuvieron que las demandas no vulneran el ámbito de regulación federal ni internacional, ya que se enmarcan dentro de las disposiciones de la ley estatal de responsabilidad civil.
La Corte Suprema de Hawái había determinado previamente que la aplicación de las leyes estatales en este caso no estaba en conflicto con la legislación federal, ya que el objeto de las demandas era el supuesto comportamiento negligente de las empresas, y no la regulación directa de las emisiones. Dicho tribunal concluyó que la jurisdicción estatal era competente para conocer del asunto, al tratarse de una controversia que involucraba aspectos de responsabilidad civil conforme a las leyes locales.
Así, con la negativa de la Corte a intervenir en el caso, se mantiene la decisión del tribunal hawaiano, lo que permite que las demandas avancen en sede estatal.