La Comisión de Desarrollo Social avanzó en la discusión del proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y establece el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, una iniciativa pionera que busca garantizar la autonomía de las personas dependientes, prevenir la dependencia y reconocer los cuidados no remunerados como un trabajo esencial para la sociedad.
La sesión contó con la participación de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, quien subrayó que esta política es fundamental para construir un sistema de cuidado solidario, inclusivo y basado en principios de igualdad y respeto a la dignidad humana. Según la ministra, el proyecto propone un enfoque de corresponsabilidad social, donde el Estado, las comunidades y las familias asuman un rol compartido en la atención de las personas dependientes.
Principales avances y propuestas
En la discusión, se abordaron aspectos clave del proyecto, como la creación de un programa nacional de acompañamiento para personas con dependencia severa, la paridad de género y la alternancia territorial en los consejos regionales, y la obligatoriedad de la participación de los municipios en la implementación del sistema.
La ministra Toro presentó una propuesta para incorporar a dos representantes de instituciones de educación superior en los consejos regionales del sistema, argumentando que la academia puede aportar conocimiento valioso para el diseño y evaluación de políticas públicas. La idea fue respaldada unánimemente y añadida al texto del proyecto.
Por su parte, la diputada María Candelaria Acevedo destacó la importancia de que las instituciones que prestan servicios de cuidado colaboren con el Estado, ampliando su alcance a niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Esta propuesta también recibió el respaldo de la comisión.
El diputado José Carlos Meza abogó por hacer obligatorios los programas municipales relacionados con el sistema de cuidados, a lo que la ministra Toro respondió que el consejo regional garantizará esta obligatoriedad, asegurando una oferta coordinada y efectiva. Sin embargo, la diputada Carla Morales advirtió sobre las dificultades presupuestarias que enfrentan los municipios para implementar estas políticas, planteando la necesidad de considerar apoyos financieros desde el nivel central.
Un sistema inclusivo y descentralizado
El Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados busca coordinar y supervisar los servicios de cuidado a través de varias instituciones, bajo la supervisión del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Además, incorpora a los gobiernos regionales y municipales, quienes jugarán un rol clave en la ejecución de los programas.
En este sentido, la diputada Clara Sagardia destacó que la descentralización y la paridad de género en la toma de decisiones son pilares fundamentales del sistema, garantizando que las políticas respondan a las necesidades de los territorios y promuevan la igualdad de oportunidades.
Impacto en la sociedad
El proyecto busca transformar la forma en que se abordan los cuidados en Chile, reconociendo su valor como un derecho humano fundamental y una labor indispensable para el desarrollo de la sociedad. Al garantizar la dignidad de las personas dependientes y mejorar las condiciones laborales de los cuidadores, el sistema representa un avance significativo hacia una sociedad más inclusiva y equitativa.
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La ministra Javiera Toro enfatizó que este proyecto es un paso fundamental en la agenda de justicia social del gobierno. “Este sistema no solo promueve el bienestar de las personas dependientes, sino que también reconoce el trabajo histórico de miles de cuidadores no remunerados, mayoritariamente mujeres, quienes han sostenido estas tareas en condiciones desiguales”, afirmó.
Próximos pasos
La discusión del proyecto continuará en sesiones futuras, donde se analizarán las indicaciones pendientes y se buscará perfeccionar el texto final. Se espera que la iniciativa avance hacia su aprobación definitiva, marcando un hito en el reconocimiento del cuidado como un derecho y estableciendo las bases para una política pública inclusiva y sostenible.
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