La Corte Suprema de Estados Unidos denegó una solicitud presentada por el Estado de Utah para revisar un caso relacionado con el control de este Estado sobre 18,5 millones de acres de tierras de propiedad federal. Al rechazar la petición, la Corte dejó firme la decisión de un tribunal de instancia que reafirmó la autoridad del gobierno federal sobre dichas tierras.
El caso planteado por Utah se fundamentaba en la interpretación de la Cláusula de Propiedad de la Constitución de los Estados Unidos. Según el Estado, la retención de vastas extensiones de terreno por parte del gobierno federal afectaba la soberanía estatal y limitaba el desarrollo económico, la gestión de recursos naturales y el acceso público. Utah argumentó que esta situación afectaba de manera desproporcionada a los Estados occidentales, donde el gobierno federal posee un porcentaje significativo del territorio.
En respuesta a la decisión de la Corte, los principales líderes de Utah, incluyendo al gobernador, al presidente del Senado estatal, al presidente de la Cámara de Representantes y al fiscal general, emitieron una declaración conjunta. En esta señalaron que, aunque no se admitió el caso en esta instancia, Utah mantiene la posibilidad de continuar impugnando decisiones relacionadas con la gestión de tierras en otros tribunales federales.
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El Estado de Utah fundamentó su posición en una interpretación particular del acuerdo de incorporación de Utah a la Unión en 1896. En ese momento, el Estado aceptó renunciar a todos los derechos sobre las tierras públicas no apropiadas dentro de sus fronteras como condición para adquirir la categoría de Estado. Por su parte, el Departamento de Justicia, en representación del gobierno federal, sostuvo que esta renuncia excluye cualquier posibilidad de reclamo sobre las tierras en cuestión.
La denegación de revisión por parte de la Corte se enmarca dentro de precedentes recientes que ratifican la autoridad del gobierno federal sobre tierras públicas. En 2022, el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito falló contra Utah en un caso relacionado con las designaciones de los monumentos nacionales Bears Ears y Grand Staircase-Escalante. Además, en un caso independiente, se levantó una orden judicial que impedía una pausa federal en los arrendamientos de petróleo y gas natural en agosto de ese mismo año.
El Estado de Utah mantiene su intención de litigar cualquier acción federal que considere perjudicial para sus intereses en la gestión de las tierras públicas, al tiempo que busca colaborar con las autoridades para implementar políticas que reflejen el principio de «uso múltiple» de dichas tierras.