Una coalición compuesta por varios Estados federales y organizaciones de la industria energética presentó una demanda contra la administración del expresidente Joseph Biden, impugnando la validez de dos memorandos presidenciales mediante los cuales se retiraron más de 627 millones de acres de aguas marinas de la posibilidad de ser arrendadas para la explotación de petróleo y gas. La acción judicial fue interpuesta ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Luisiana.
Los demandantes aducen que estas decisiones exceden la autoridad conferida al expresidente en virtud de la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior (OCSLA, por sus siglas en inglés) y que vulneran disposiciones constitucionales, tales como la separación de poderes y la Cláusula de Propiedad de la Constitución de los Estados Unidos.
Los Estados demandantes, que incluyen a Luisiana, Alabama, Alaska, Georgia y Mississippi, se encuentran respaldados por el Instituto Americano del Petróleo y la Alianza Energética del Golfo. En la demanda se alega que las disposiciones adoptadas afectan de manera significativa los ingresos derivados de los arrendamientos energéticos en alta mar, los cuales son regulados bajo el marco de la OCSLA.
Asimismo, sostienen que estas medidas generan un impacto negativo en las economías de los estados involucrados, además de contravenir los intereses económicos y ambientales que, según los demandantes, el Congreso reconoció como prioritarios al momento de promulgar la citada legislación.
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En lo que respecta a los argumentos constitucionales, los demandantes alegan que la Cláusula de Propiedad confiere exclusivamente al Congreso la facultad de regular las tierras y recursos federales. En este sentido, afirman que los memorandos presidenciales constituyen una extralimitación de las atribuciones del Ejecutivo, al retirar de manera efectiva vastas áreas de la plataforma continental exterior sin autorización expresa del Congreso. Según la demanda, la OCSLA permite al presidente realizar retiros parciales, pero de manera limitada y sin que ello contradiga el propósito fundamental de la ley, consistente en el desarrollo ordenado y eficiente de los recursos en alta mar.
Adicionalmente, los demandantes cuestionan la constitucionalidad de la disposición de la OCSLA que otorga al gobierno la facultad de retirar áreas del arrendamiento. Argumentan que dicha disposición carece de principios inteligibles que guíen el ejercicio de esta autoridad, lo cual podría interpretarse como una delegación inconstitucional del poder legislativo. Según el texto de la demanda, la ausencia de limitaciones claras otorga al gobierno una discrecionalidad amplia que podría permitirle prohibir indefinidamente los arrendamientos de petróleo y gas, como evidencian las recientes medidas adoptadas.
La coalición solicita al tribunal la emisión de una orden judicial que bloquee la ejecución de los memorandos en cuestión. La acción legal se enmarca en un contexto de litigios previos contra decisiones de la administración Biden relacionadas con la suspensión de arrendamientos energéticos.