Los fiscales generales de 22 estados interpusieron una demanda en contra de la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en los Estados Unidos. La acción judicial aduce que la normativa viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
La Decimocuarta Enmienda establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos». Este principio fue interpretado en el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), donde la Corte Suprema determinó que la ciudadanía se otorga a toda persona nacida en territorio estadounidense, con base en el principio ius soli. Este principio contrasta con el jus sanguinis, que concede la ciudadanía en función de la nacionalidad de los progenitores.
La orden ejecutiva propone una reinterpretación de la Decimocuarta Enmienda, aduciendo que no otorga automáticamente la ciudadanía a los hijos de personas en situación migratoria irregular. La administración ha manifestado su intención de defender esta posición ante los tribunales, señalando que la intención original de los redactores de la enmienda no contemplaba tal extensión.
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En la demanda, los fiscales generales alegan que la orden ejecutiva vulnera disposiciones constitucionales y genera el riesgo de que existan personas nacidas en Estados Unidos que carezcan de nacionalidad y queden en condición de apátridas. Los demandantes sostienen que la medida afecta el principio de ciudadanía establecido en la Constitución y puede tener implicaciones significativas para el estatus migratorio de los nacidos en territorio estadounidense.
El principio ius soli aplicado en los Estados Unidos contrasta con sistemas adoptados por otros países. Canadá, por ejemplo, también aplica ius soli, aunque con ciertas excepciones, mientras que India prioriza el ius sanguinis, con limitadas excepciones que incluyen el nacimiento en su territorio.
La entrada en vigor de la orden ejecutiva está programada para el 19 de febrero, lo que podría dar lugar a una revisión judicial de los alcances y limitaciones de la Decimocuarta Enmienda.