Un juez federal del distrito de Seattle en Estados Unidos, dictó una orden de restricción temporal contra una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, que busca limitar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas migrantes. El juez consideró que la medida es inconstitucional y que genera un daño irreparable a un grupo de Estados demandantes que impugnaron la orden.
En su fallo, el juez aduce que la orden ejecutiva podría afectar la capacidad de los Estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, entre otros, para cumplir con su obligación de proporcionar servicios esenciales como atención médica y asistencia social a menores nacidos en territorio estadounidense. Estos servicios, según los demandantes, están legalmente protegidos y su interrupción “constituye un perjuicio inmediato y significativo”.
La orden ejecutiva, según su texto, aduce que los hijos de personas que no son ciudadanos estadounidenses, incluidos inmigrantes en situación irregular y personas con visas temporales, no deberían beneficiarse de la ciudadanía por nacimiento debido a que no estarían “sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos”. Asimismo, la orden establece que las agencias y departamentos federales no deben reconocer la ciudadanía de estas personas.
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Los Estados demandantes, respaldados por fiscales generales de otras jurisdicciones y varias organizaciones de derechos humanos, alegaron que la medida viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Esta enmienda establece que todas las personas nacidas en el territorio de los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos. También argumentaron que la orden vulnera la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que codifica el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
El tribunal señaló, además, que existe una probabilidad sustancial de que la orden ejecutiva viole los derechos constitucionales al restringir el acceso a servicios básicos y al exponer a ciertos ciudadanos nacidos en el país al riesgo de deportación o separación familiar. En la audiencia, el juez destacó la claridad de los argumentos legales presentados en contra de la orden.
Así, en el litigio una coalición de Estados busca frenar cautelarmente la implementación de la medida hasta que se resuelva su constitucionalidad. Buscan un fallo de fondo que interprete los derechos de ciudadanía bajo la Constitución de los Estados Unidos y la relación entre las autoridades estatales y el gobierno federal en la implementación de políticas migratorias.