El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim AA Khan, informó que su oficina ha presentado solicitudes de órdenes de arresto ante la Sala de Cuestiones Preliminares contra dos altos funcionarios del régimen talibán. Estas solicitudes forman parte de una investigación más amplia sobre la situación en Afganistán y se basan en indicios de la presunta comisión de crímenes de persecución por motivos de género, en violación del artículo 7(1)(h) del Estatuto de Roma.
De acuerdo con lo señalado por el fiscal, las solicitudes están dirigidas al denominado “líder supremo” de los talibanes y al presidente del Tribunal Supremo del “Emirato Islámico de Afganistán”. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía habrían reunido elementos probatorios que sugieren la existencia de una política sistemática dirigida a privar a las mujeres y niñas afganas de diversos derechos fundamentales. Entre las pruebas recopiladas se incluyen testimonios de testigos, declaraciones oficiales y análisis forenses realizados por un equipo especializado.
El fiscal sostuvo que los presuntos crímenes incluyen la negación de derechos como la integridad física, la libertad de movimiento, la libertad de expresión, el acceso a la educación y el respeto a la vida privada y familiar. Asimismo, se documentaron supuestas represiones a través de actos como encarcelamiento, tortura, violación y otros delitos que se enmarcan en el artículo 7 del Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad.
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Khan indicó que las restricciones impuestas por las autoridades talibanas a las mujeres y niñas se basarían en interpretaciones particulares de la sharia (ley islámica). No obstante, señaló que estas interpretaciones no justifican la comisión de actos tipificados como crímenes internacionales en el marco del Estatuto de Roma.
El deterioro de los derechos humanos en Afganistán, particularmente desde agosto de 2021, ha sido objeto de preocupación por parte de diversos actores internacionales. En este contexto, varios Estados han remitido la situación en Afganistán a la CPI, solicitando investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos en el territorio. Entre las restricciones documentadas se encuentra la prohibición de acceso a la educación y otras medidas limitativas impuestas a las mujeres afganas.
Finalmente, el fiscal manifestó que la Fiscalía continuará recopilando evidencia sobre los presuntos crímenes cometidos en Afganistán, con el propósito de garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. Las solicitudes de órdenes de arresto presentadas serán evaluadas por los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares, quienes decidirán si existen fundamentos razonables para proceder con su emisión.
Vea primera solicitud de orden de arresto y segunda solicitud de orden de arresto.