El Secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez Martin, encabezó el sorteo anual para determinar qué funcionarios del Poder Judicial serán sometidos a los test de drogas, como parte de un programa implementado para prevenir el consumo indebido de sustancias en la institución. Este procedimiento forma parte de las medidas adoptadas en el auto acordado 203-2018, que establece normas claras para prevenir el consumo de drogas estupefacientes o psicotrópicas entre los funcionarios judiciales y la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).
Desde el año 2007, el Poder Judicial ha implementado este proceso de manera continua, con el fin de evitar los riesgos asociados al consumo de sustancias en el ámbito laboral y, de este modo, proteger la integridad de la institución y su función pública. Sáez Martin destacó que esta medida no solo responde a la necesidad de combatir la corrupción, sino también a la preservación de la ética y la transparencia dentro del sistema judicial, pues el consumo de drogas puede afectar la toma de decisiones de los funcionarios.
El sorteo aleatorio, realizado bajo estricta confidencialidad, selecciona a funcionarios de diversos escalafones, tales como el Escalafón Primario, Secundario, Empleados, Contratas y la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Según lo estipulado en el acuerdo, se realizan entre 550 y 650 pruebas al año, sin que exista una programación anticipada, lo que garantiza que los exámenes sean impredecibles e imprevistos.
Sáez explicó que, como parte del procedimiento, todos los integrantes del Poder Judicial, incluyendo a los ministros de la Corte Suprema, están sujetos a ser seleccionados para someterse a estos exámenes. En los últimos nueve años, en dos ocasiones, los Ministros y Ministras de la Corte Suprema fueron sorteados para realizar el test. “El sorteo no discrimina, todos los funcionarios están en la “tómbola” y pueden ser elegidos”, enfatizó Sáez, subrayando la igualdad de tratamiento para todos los miembros de la institución.
Los resultados de los exámenes de drogas son entregados de manera reservada a la Dirección de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y la información es compartida solo con el Pleno de la Corte Suprema. En caso de que los resultados sean negativos, es decir, sin la presencia de sustancias, se mantiene la confidencialidad. En cambio, si se detectan sustancias prohibidas, el procedimiento establece una segunda muestra, que se someterá a un análisis adicional. Si el análisis confirma la presencia de sustancias, el funcionario debe someterse a una evaluación clínica para determinar si existe una dependencia y si el consumo está relacionado con un tratamiento médico.
Si el resultado final confirma la dependencia de alguna sustancia, el funcionario tendrá derecho a continuar con sus funciones, pero deberá presentar una declaración jurada explicando la situación. Además, se informará al superior jerárquico del funcionario y, si es necesario, se suspenderá temporalmente al funcionario de sus funciones mientras se somete a un proceso de rehabilitación. Este protocolo asegura que el proceso se maneje con responsabilidad y con un enfoque de apoyo a la rehabilitación en lugar de punitivo.
Noticia Relacionada
Los exámenes son realizados por empresas especializadas, las cuales son contratadas mediante licitación cada tres años, para asegurar la imparcialidad y la calidad de los análisis.
En total, este año se seleccionaron 604 funcionarios de diferentes escalafones para someterse a los exámenes, lo que reafirma el compromiso del Poder Judicial de mantener la transparencia y garantizar que todos los trabajadores, sin importar su cargo, estén sujetos al mismo tipo de control. La Corte Suprema, con este proceso, busca asegurar que los miembros del Poder Judicial continúen ejerciendo sus funciones con la mayor ética y responsabilidad, lo que contribuye al fortalecimiento de la confianza pública en el sistema judicial.