La ciudad de Baltimore (Estados Unidos), en conjunto con tres organizaciones de derechos civiles, interpuso una demanda federal contra dos órdenes ejecutivas emitidas recientemente por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, las cuales disponen la eliminación de los programas federales sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI). La acción legal, presentada ante un tribunal federal, sostiene que estas medidas vulneran disposiciones constitucionales y afectan los esfuerzos dirigidos a garantizar la igualdad de oportunidades en diversas instituciones.
Los accionantes en este proceso también son la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, el Centro de Oportunidades de Restaurantes Unidos y la Asociación Nacional de Oficiales de Diversidad en Educación Superior. En su argumentación, los demandantes sostienen que las órdenes ejecutivas en cuestión transgreden la Primera Enmienda al generar un efecto disuasorio sobre universidades, corporaciones e individuos que participan en iniciativas de DEI, bajo la amenaza de sanciones administrativas y restricciones financieras. Asimismo, alegan que dichas órdenes contravienen derechos establecidos en la Quinta Enmienda y que el presidente ha transgredido las facultades que le confiere la ley.
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El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, en declaraciones relacionadas con la demanda, afirmó que la aplicación de las órdenes ejecutivas podría conllevar repercusiones en el acceso a fondos federales para la ciudad, lo que a su vez afectaría programas locales y oportunidades laborales vinculadas a iniciativas de inclusión y equidad.
La interposición de esta demanda se produce en respuesta a las acciones del Ejecutivo federal, que, en las primeras 48 horas de la nueva administración, dispuso la prohibición de iniciativas de DEI dentro de agencias gubernamentales y entre contratistas federales. Además, las órdenes ejecutivas instruyen la evaluación de instituciones académicas con dotaciones superiores a mil millones de dólares en relación con su cumplimiento de políticas en materia de diversidad.
“En los Estados Unidos no existe una monarquía. El Presidente solo puede ejercer los poderes que la Constitución le otorga al Ejecutivo y únicamente de manera que no viole los derechos constitucionales del pueblo estadounidense. En su esfuerzo por eliminar la diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad (DEIA) en el país, el presidente Trump no puede usurpar la autoridad exclusiva del Congreso sobre el presupuesto ni silenciar a quienes discrepan con él mediante la amenaza de retirar fondos federales y otras medidas coercitivas”, señala el texto.
“El gobierno ordena a cada agencia incluir en todos los contratos o subvenciones una cláusula en la que el contratista o beneficiario «certifique que no opera ningún programa que promueva la DEI» que pueda infringir las leyes federales contra la discriminación. Además, la orden establece que el cumplimiento de esta disposición será un criterio «fundamental para la toma de decisiones del gobierno en relación con los pagos», lo que supone una amenaza clara de acción legal bajo la Ley de Reclamaciones Falsas”, agrega el libelo.